Si no existiera el cerco ideológico que rodea al gobierno mexicano —que es, como todos los demás en la historia del mundo, un cerco diseñado para conservar el poder político— sería más fácil saber por qué los principales problemas que nos agobian se están ensanchando y están generando, a su vez, nuevas huellas de dolor. Es bien sabido que los problemas públicos que no se resuelven a tiempo y con eficacia tienden a empeorar; y sabemos también que no pueden afrontarse sin una combinación atinada de información cierta, cursos de acción diseñados sin sesgos, pericia administrativa y colaboración ciudadana.
Sin embargo, ya da miedo plantear la sola existencia de esos problemas porque la respuesta del presidente —agigantada por sus fanáticos— no sólo es la negación inmediata sino la descalificación y la violencia verbal, política y administrativa. Nada humano les es ajeno, dicen, siempre que no sea planteado por otros: añado yo. Así sucedió cuando, desde marzo del 2020, propusimos un ingreso vital de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia para los grupos más vulnerables; así ocurrió cuando documentamos la necesidad de garantizar el acceso a la protección social del trabajo informal; así también cuando dimos evidencia sobre las causas que siguen alimentando la corrupción; o cuando hemos defendido la autonomía universitaria y la investigación libre de condiciones políticas. Para decirlo coloquial y amistosamente: en todos nos ha ido como en feria.
Empero, esos problemas siguen ahí. Y nosotros, temosos y pertinaces, seguimos advirtiendo de su existencia e insistiendo sobre la necesidad de hacerles frente con sensatez y eficacia (aunque nos caigan a palos). Por eso publicamos esta semana la Radiografía del Desabasto: Informe de transparencia 2017-2021 (consultable en cerodesabasto.org) en el que el colectivo impulsado por Nosotrxs e integrado por otras 81 organizaciones —coordinado por el doctor Andrés Castañeda— demuestra que en el año 2021: “No se surtieron efectivamente más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social que conforman el Sistema Nacional de Salud —IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar—”. Los datos oficiales revelan que ha sido, así, el peor año en lo que va de este sexenio, que ya acumula más de 50 millones de recetas médicas sin medicamentos.
Ese dato es más preocupante aún si se considera que, además, desde que inició la pandemia —2020 y 2021— el sistema de salud pública recortó en casi 50 por ciento las consultas médicas y realizó cerca de medio millón de cirugías menos que en el 2017 cuando, ya de suyo, el problema de la desatención empezaba a ser grave, con más de 3 millones y medio de recetas no surtidas. Se dirá que la Covid-19 impuso condiciones que rebasaron la capacidad del gobierno; sin embargo, lo cierto es que la gente no sólo se enfermó por el SARS-Cov-2 y muchos —literalmente: millones de personas de escasos recursos— tuvieron que comprar los tratamientos indicados por las y los médicos del sistema en las farmacias privadas.
De hecho, en el mismo periodo que estudia ese informe, se advierte que el gobierno mexicano redujo la compra de medicamentos en casi un 6 por ciento, lo que equivale a poco más de 67 millones de piezas médicas. Si lo que se quería era quebrar el negocio de las grandes empresas, resultó peor el remedio que la enfermedad, pues el gasto de bolsillo en las farmacias privadas aumentó en 40 por ciento del 2018 al 2020. Y en conjunto, hoy tenemos menos consultas, menos cirugías y menos medicinas. ¿Es necesario decir que nada de esto afecta a los más ricos, pues ellos se atienden en hospitales lujosos y pagan sus tratamientos?
No. No queremos volver al pasado. Queremos que todos los derechos se cumplan.