Hubo una larga conversación que cerraba y abría, a la vez, muchas otras. Ninguna de las personas que participó en ella respaldó mi postura. La mayoría concordó en que la consulta que eventualmente tendrá lugar el 27 de marzo será un teatro político sin consecuencias. O no, al menos, consecuencias adicionales al clima de crispación que ya estamos viviendo —esa palabra: crispación, que utilizó el nuevo secretario de Gobernación para referirse al ambiente político actual—. Alegaron que de suceder, será acaso más de lo mismo y que no pasará nada.
Algunos dijeron que les parecía prácticamente imposible cumplir el primer requisito establecido en los artículos 35 de la Constitución y 7 de la Ley reglamentaria que se promulgó el 14 de septiembre pasado, donde se lee que: “El inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.
Con el corte de la lista nominal al 24 de septiembre sería necesario reunir, en efecto, más de 2’747,434 firmas —distribuidas en la mayor parte de la República— y entregarlas antes de que concluya este año (como lo dice el Artículo 11 de la misma Ley Federal de Revocación de Mandato) en los formatos que ya expidió el INE desde el viernes 1 de octubre.
Lo lograrán porque así lo ha instruido el presidente de la República, de modo que atestiguaremos la movilización de todos los aparatos indispensables para llegar a esa cifra e incluso rebasarla con creces, pues además la ley dice que todas las firmas contarán y se sumarán, vengan de donde vengan. Así que afirmar que no habrá convocatoria por falta de firmas es whishful thinking.
Otros dijeron que aunque hubiera consulta, será muy difícil superar el 40 por ciento de la lista nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio —como lo establece la Constitución del país—. Creen que la mayoría se quedará en casa.
Disiento: el Artículo 32 de la norma que vengo citando autoriza a los partidos políticos a “promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato” y además instruye al INE a hacer lo mismo “a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral” hasta tres días previos a la fecha de la jornada. Y por si algo faltara, el Artículo 35 ordena que el INE organice “al menos dos foros de discusión en medios electrónicos, donde prevalecerá la equidad entre las participaciones a favor y en contra” y establece que “las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva”, siempre que no utilicen recursos públicos. En suma, durante todo el primer trimestre del 2022 viviremos inundados de propaganda a favor o en contra de que el presidente concluya el periodo por el que fue electo.
¿Tiempo de perdón y respeto? ¿El país no merece un clima de crispación? ¿Y qué cosa habrá entonces durante el debate sobre revocación del mandato que ya comenzó, sino una nueva escalada de polarización concentrada en una sola persona? ¿Puro teatro? De ser así, el país entero entrará a escena y el guion no será una comedia ni una ópera bufa, sino una tragedia o, peor aún, un monólogo. El drama de una nación enfrentada y distraída por los caprichos de su clase política que, en vez de consultarnos cómo afrontar colectivamente los problemas que se siguen acumulando, nos llama al palenque donde se medirán los espolones entre el pinto y el colorado.
