En los libros de política pública se dice que hay problemas retorcidos y perversos, porque su origen y su definición es engañosa y porque sus soluciones acarrean la emergencia inevitable de nuevos desafíos. Los wicked problems, como se les conoce en los manuales extranjeros, no quieren del Estado respuestas acabadas sino flexibilidad y capacidad de adaptación para ir eludiendo las trampas que ponen conforme evolucionan. Frente a un problema retorcido, lo peor que puede hacerse es grabar en piedra las salidas.
Los problemas que enfrenta la política de salud pertenecen a esa categoría: a todas luces, hay una indiscutible necesidad de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios prestados, pero sin demérito de la seguridad social a la que contribuyen los trabajadores, los empresarios y el Estado y sin agotar la hacienda pública; de otra parte, es indispensable combatir la corrupción que recorre prácticamente toda la cadena de decisiones que lleva a elegir un tratamiento sobre otro y entregar los medicamentos adecuados a cada enfermedad; es urgente poner orden en las responsabilidades asignadas entre los distintos actores que participan en la implementación de la política, en toda la republica; y por si fuera poco, hay que garantizar que el derecho a la salud sea parejo para todos y no sea causa de otra forma de desigualdad.
Ninguna de las soluciones propuestas para ese conjunto de problemas está exenta de dificultades y todas están entrelazadas, pues lo que se decide en cada ámbito afecta a los demás. Como ya está quedando claro, cambiar el modelo que se había seguido por años con el seguro popular no era cosa de coser y cantar ni se iba a resolver con la expedición de tres oficios. Suspender una política para imponer otra repentinamente, siempre tiene costos altos; y en materia de salud, esos costos se cifran en vidas. Sin embargo, mantener vigente aquella forma de distribuir dinero a los centros de salud y a los hospitales operados por los gobiernos estatales, sin reconocer que buena parte de esos recursos se estaban desviando para fines ajenos a los que estaban destinados, era otro despropósito. No se podía seguir así, pero tampoco se podía cambiar así.
Por otra parte, hacer llegar todos los medicamentos a todos los pacientes atendidos por el sistema de salud, en el momento y con las dosis precisas que reclama cada caso, es algo que no puede fracasar de ningún modo. Pero si ya era difícil ofrecer ese servicio sin defectos y sin corrupción, los procedimientos se enredaron hasta la exasperación cuando se impuso el criterio de la mayor austeridad posible en la compra de medicamentos, sin modificar las rutinas médicas ni cambiar las guías de tratamiento para cada una de las enfermedades. El problema de la corrupción en los servicios de salud acabó convertido, en apenas unos meses, en un galimatías administrativo y en la tragedia de miles de personas que, de repente, se quedaron sin medicinas y sin respuestas. Queriendo ahorrar y adecentar el sistema de salud pública, el Estado mexicano acabó metido en un berenjenal.
Para salir de ahí hay otra recomendación: que no se deje a ninguno de los involucrados fuera de la deliberación. La mejor forma de dar al traste con una solución exploratoria y perentoria es imponerla sin explicaciones. Me consta que el Estado ha comenzado a precisar los tratamientos necesarios para las enfermedades más graves y apremiantes entre la sociedad y que ha comenzado a comprar las medicinas recomendadas para cada una. Es una buena decisión, pero es apenas la primera de un largo recorrido. De aquí en más, cada paso tendrá que ser dilucidado y debatido en función del derecho a la salud de las personas. Porque este problema, aun siendo perverso y enredado, debe resolverse y punto. Aquí no cabe grilla alguna: con la vida no se juega.
Investigador del CIDE
