Me pregunto qué escenarios está previendo el gobierno de México para el final del sexenio de López Obrador y el principio del encabezado por Claudia Sheinbaum. Supongo que en el trayecto de la aprobación y la puesta en marcha del llamado “Plan C” habrá consecuencias para la economía y la política del país. Y asumo también que los criminales empoderados y conflictuados, a un tiempo, pondrán a prueba al nuevo gobierno (bueno, al siguiente, para ser precisos). De modo que suponer que no pasará nada es ingenuo. Pero ¿de qué tamaño será el desafío?
La nota principal de EL UNIVERSAL en su edición del viernes pasado (firmada por Pedro Villa y Caña), anunciaba que la Secretaría de la Defensa Nacional “alista la compra de un robot para manipular artefactos explosivos y la adquisición de 1 mil 759 camionetas pick up (...) además de equipo y armas antimotines. (...) En la licitación se detalla que se busca comprar 2 millones 890 mil 800 bombas de gas lacrimógeno para la Policía Militar (...). Se incluyen también proyectiles para lanzar estas bombas, así como municiones de marcaje de diferentes colores, granadas de mano de humo blanco, rociadores de gas y equipo de llenado de aire comprimido para lanzadores tipo rifle y tipo pistola semiautomática. En total, este grupo de municiones y equipo suma 3 millones 702 mil 542 productos”. La nota dice que ese arsenal es “para hacer frente al poder de fuego de grupos del crimen organizado”.
¿Armas antimotines para hacer frente al crimen organizado? Estoy lejos de ser experto en esa materia, pero el sentido común me lleva a suponer que esas armas sirven para otra cosa: para disolver marchas y manifestaciones multitudinarias, protestas y motines, que no corresponden con la forma en que el crimen organizado se ha hecho presente en la vida pública del país. El gobierno está dispuesto a gastar, según la nota citada, cerca de 300 millones de pesos para enfrentar esas amenazas. Y subrayo los datos: se trata de cerca de tres millones de bombas de gas lacrimógeno que eventualmente serán usadas por la Policía Militar en un gobierno que cierra negándose a cualquier acto de represión y otro que nace con una titular que decidió extinguir al grupo de granaderos de la CDMX cuando llegó a gobernarla. ¿Por qué entonces, las fuerzas armadas, quieren hacerse de equipo para enfrentar protestas masivas?
Otra nota de la semana pasada nos informó de la reunión que hubo entre Omar García Harfuch —quien ocupará la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum— con el presidente López Obrador. A ese encuentro no asistió la futura presidenta ni supimos a ciencia cierta por qué el titular del Ejecutivo consideró pertinente hablar con él, a solas. ¿No es acaso una anomalía que el presidente saliente les lea la cartilla a los funcionarios que están obligados a obedecer al titular del Ejecutivo siguiente? Y no es trivial que haya sido con ese funcionario en particular, quien formalmente estará a cargo del tema más delicado de la agenda pendiente.
¿Qué se está pensando en las cúpulas del poder para cerrar el sexenio? En otra época, esas notas aisladas habrían producido un escándalo: que las fuerzas armadas se preparen para reprimir manifestaciones, gastando de último momento millones de pesos con ese propósito y que el presidente saliente gire órdenes al futuro secretario de Seguridad Pública. Si la gente está satisfecha con el proyecto que está curso –como afirman—y si tienen garantizada la mayoría para tomar decisiones ¿por qué estarían anticipando protestas airadas, dignas de ser reprimidas? Y si no es así ¿por qué querrían las fuerzas armadas prepararse para enfrentar lo que ellas mismas aseguran que no sucederá nunca?
Quizás tienen otros datos, pero por una vez, ciertos.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
