No está en contra de la filosofía del gobierno ni se opone a las decisiones que ha venido tomando. No amenaza las obras que están en curso ni compite con la distribución de recursos entre los grupos seleccionados por los Siervos de la Nación. No pone en duda la idea principal de la transformación prometida, sino que confirma y subraya que: por el bien de todos, primero los pobres. Ni siquiera es una idea novedosa: que el Estado respalde con un salario vital de emergencia a quienes han perdido su ingreso por causas ajenas a su voluntad —a consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno— forma parte de la oferta política de la izquierda desde hace más de cien años.
El Coneval se quedó corto en sus proyecciones de desempleo: calculaba poco más de 10 millones que personas que podrían entrar a la franja desesperante de la pobreza por falta de ingresos, pero el Inegi reportó que las personas que han perdido el trabajo o una parte importante de sus recursos suman ya más de 12 millones de seres humanos. Sabemos a ciencia cierta que no todos están cubiertos por los programas sociales en curso; de hecho, en otro estudio reciente, Coneval demostró que esos programas no son suficientes para atender la urgencia económica de quienes se han quedado sin dinero para sobrevivir. Nadie ha dicho que los programas del presidente no sirvan. Lo que se dice es que no son suficientes para responder a esta emergencia, porque fueron diseñados para circunstancias distintas.
Por otra parte, a los argumentos que presentó la Cepal desde hace varias semanas urgiendo al gobierno de México a establecer un ingreso vital de emergencia, se sumaron esta semana los que añadió la OIT para conformar, entre los organismos internacionales más respetados del continente, el más amplio consenso sobre esta materia. Un consenso que ha animado a una veintena de países a actuar sin ningún titubeo para rescatar de la miseria a los desempleados y, de paso, para inyectar recursos frescos a las economías nacionales. Una decisión completamente distinta a la del Fobaproa: éste entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera, alegando que así bajaría luego a toda la sociedad; aquí en cambio se pide lo opuesto: que el dinero se ponga en las manos de los más pobres, porque sólo así podrá rescatarse al país.
Al consenso internacional se suma el interno. Gracias a la generosa labor de cuatro diputadas de diferentes partidos (Villavicencio, Rojas, Tagle y Juárez), la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibieron sendos puntos de acuerdo pidiendo el salario vital de emergencia, al que se sumaron más de ciento veinte legisladores: todos los que deciden solos, sin esperar que les den línea. Además, Movimiento Ciudadano presentó en el Senado una iniciativa de ley para tratar de convertir esa decisión en norma jurídica y, luego, el PAN presentó una reforma constitucional en el mismo sentido y, hace unos días, el senador Batres hizo lo propio para pugnar por el seguro de desempleo. Y no es trivial que entre los principales impulsores de esa medida estén el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
Hay dinero: a la implacable recuperación de recursos que ya está logrando Raquel Buenrostro, se suma la renegociación de la deuda de corto plazo pactada por la Secretaría de Hacienda y las nuevas líneas de crédito abiertas a México por el Banco Mundial y el FMI, en el marco de la emergencia. Todo esto suma más de 110 mil millones de pesos que, además, podrían pagarse por medio del establecimiento de una contribución fiscal progresiva que contaría con consenso político.
¿Por qué no, señor presidente? Es de buena fe, es indispensable, cuenta con el más amplio respaldo y es técnica y fiscalmente viable. Díganos: ¿Por qué no?
Investigador del CIDE
