En junio de 2010 se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que se ha considerado, por sus méritos y por su trascendencia pública, uno de los proyectos más importantes en la carrera del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Fue la última vez que se utilizó la facultad de investigación sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos que tuvo la Corte desde 1917 y que, tras la reforma constitucional del 2011, se trasladó a la CNDH. Una lástima.
El proyecto estudió las posibles violaciones y las responsabilidades derivadas del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, el 5 junio del 2009. Y hoy viene a cuento por su afinidad con los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro de la CDMX. De mi parte, suscribo cada una de las líneas escritas entonces en aquel proyecto. Así que, en esta entrega, le cedo la palabra al ministro Zaldívar y, de paso, le suplico que las recuerde para zanjar la polémica que está rodeando su silencio actual.
“Cuando se actualizan omisiones importantes por parte de los órganos y entidades del Estado que permiten o provocan violaciones graves a los derechos fundamentales —escribió entonces Zaldívar—, debe haber responsables, debe haber alguien que responda por tales afectaciones. No podemos aceptar que se sostenga que en estos casos no hay a quien imputar responsabilidades.
“Los servidores públicos quienes tienen a su cargo las dependencias, entidades y organismos del poder público son responsables de las fallas graves que se cometan en las instituciones que están bajo su titularidad. No puede entenderse de otra manera. Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también.
“En un Estado democrático diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas y, por ende, la esencia de la representación democrática. Es, además, restarle todo significado a la protesta que deben rendir todos los servidores públicos al momento de asumir el cargo.
“Asumir un cargo implica, entre otras cosas, aceptar la responsabilidad y los riesgos que la función trae aparejada. Desde ese momento le serán imputadas todas las responsabilidades inherentes al cargo (…). La Constitución no prevé una curva de aprendizaje. La Constitución supone la designación de personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades. Si desde el primer día cobran íntegro su salario y disfrutan de los beneficios del cargo que ostentan, es lógico y razonable sostener que, desde ese primer día, asumen la responsabilidad de la dependencia o entidad que dirigen.
“Es importante señalar que la circunstancia de que sean asignadas facultades específicas a diversos servidores públicos de distintos niveles, no significa en forma alguna que se delegue la responsabilidad del titular de la institución hasta convertirla en irresponsabilidad del superior jerárquico. La responsabilidad del Estado por violaciones graves a derechos fundamentales no puede desaparecer en un mar de formalismos mediante los cuales al final nadie es responsable de los hechos, o que lo sean sólo los niveles más modestos de la cadena de mando. Un Estado democrático es un Estado responsable, y éste sólo es factible con servidores públicos que asuman la responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo”.
El ministro tenía razón y lo que escribió entonces, sigue siendo cierto. Que no sean las circunstancias del día las que modifiquen el peso de su contenido.
