El 30 de septiembre pasado, a través de un comunicado de prensa, supimos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos Beat, DiDi, Rappi y Uber, “convenios para difundir y promover la participación de usuarios conductores y de usuarios repartidores en la Prueba piloto para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes. Bajo el esquema de la Prueba piloto (dijo el IMSS) tendrán acceso a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social (Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales) y podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales como cónyuges, padres e hijos”.
Al día siguiente, varias organizaciones que agrupan y colaboran con las personas que le dan vida a esos negocios reaccionaron en contra, pues esos convenios bilaterales confirman la ausencia total de responsabilidad de las plataformas. En el comunicado suscrito por Ni un Repartidor Menos, Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Oxfam, Unidos World Action y Nosotrxs, se subraya que “este acuerdo sólo implica que las plataformas de reparto invitarán a los repartidores a afiliarse al Seguro Social como trabajadores independientes (…), por lo que tampoco realizarán aportaciones para el aseguramiento de repartidores y conductores, sino que serán estas personas quienes asumirán la totalidad del costo de su seguridad social”.
El comunicado añade que a “las negociaciones no se ha convocado a las personas trabajadoras de plataformas digitales, por lo que estos acuerdos priorizan el beneficio de las empresas (…) sin reflejar un interés real por mejorar las condiciones de quienes reparten”. Las organizaciones llaman “al Poder Legislativo a avanzar en el reconocimiento de la relación laboral entre las plataformas y sus empleados —porque eso son— para que accedan a los derechos que les corresponden (de modo que) hagan las aportaciones que corresponden como empleadores que son”.
Se estima que ya son cientos de miles quienes laboran para esas empresas transnacionales en México, que además se beneficiaron con creces del encierro obligado por la pandemia. Y apenas si es necesario insistir en que esos negocios no existirían si no fuera por el trabajo que realizan diariamente, a todas horas y por todo el país, los conductores y los repartidores que los encarnan y les dan vida.
Empero, esa red gigantesca de trabajadores no cuenta con garantías laborales de ninguna índole, pues no son considerados empleados sino “socios” o “usuarios” —¡hágame usted el favor!— y, en consecuencia, los dueños de los negocios no asumen ninguna responsabilidad sobre los accidentes, las agresiones, la protección social o la pérdida del patrimonio de quienes se “asocian” con ellos. Las y los repartidores ponen sus cuerpos, sus vidas, sus vehículos y su tiempo al servicio de las plataformas y éstas sólo ponen la tecnología y la marca.
El “plan piloto” suscrito entre el gobierno y las plataformas consiste en invitar a esos trabajadores a que sufraguen su propia inscripción al seguro social, con lo cual no sólo se finge generosidad, sino que se convalida esa relación injusta —que es el extremo del outsourcing, que se suponía repudiado por la 4T— y se confirma el abuso de las empresas. Si ya estaban excluidos de los derechos laborales que deberían protegerlos, a partir del 30 de septiembre, las y los repartidores tendrán que quitarle otro buen trozo a sus muy precarios ingresos, mientras los dueños del gran capital se toman alegres fotografías firmando convenios leoninos con el gobierno de México.
