Mientras se siga confundiendo con la impunidad, la lucha contra la corrupción seguirá tropezando con los nombres propios y produciendo descalabros. Esta vez le tocó el turno de la gracia a Manuel Bartlett por su entrañable cercanía con el ciudadano presidente, como antes le cayó el peso de la ley a Rosario Robles, quien había traicionado al líder. Pero la lista de los peces gordos que nadan a placer por las aguas turbias del poder y eventualmente son retirados del acuario no solo es muchísimo más larga sino que es, de suyo, inagotable. Desde ese mirador, la corrupción será invencible en tanto no se entienda como un fenómeno sino como un delito, que puede ser castigado o indultado ad hominem.
Me explico: no basta con que el señor Bartlett se haya portado bien durante el primer año del sexenio para quedar a salvo de las acusaciones que se le formulaban. Ese argumento quizás sea válido para quienes son perdonados de todos sus pecados al abrazar la fe cristiana, pero no funciona para los servidores públicos. En todo caso, es probable que la pareja sentimental del ínclito haya heredado o amasado una fortuna licita durante los últimos veinte años y es probable, acaso, que sus hijos hayan sido geniales para hacer negocios sin la más mínima intervención del padre: la presunción de inocencia es un principio inalienable para todas las personas inculpadas. Pero lo que estaba en duda y sigue estando hoy, es el origen de esa fortuna que disfruta la familia Bartlett y no si el funcionario contribuyó a acrecerla a partir del 1 de diciembre del 2018.
Si el pasado de los funcionarios es indiferente a su conducta actual, las redes que han ido construyendo la corrupción sistémica quedarán intactas y podrían ser activadas en cualquier momento. Y en este sentido, para el propósito que nos ocupa da lo mismo que los imputados sean exonerados o incoados, porque esa consecuencia no modifica un ápice las causas que permiten la constante apropiación de los recursos públicos para fines personales, ya sean políticos o financieros. Cuando el combate a la corrupción se confunde con una lista de corruptos, acaba situado inexorablemente en el terreno de los jueces y los nombres propios. Y de paso, como sucede obviamente con el caso Bartlett, en una disputa inevitable entre partidarios y enemigos del gobierno.
No minusvaloro la importancia de aclarar el origen de las fortunas de los funcionarios públicos, ni mucho menos la necesidad de sancionar a quien haya cometido una falta o un delito. Para eso son las declaraciones patrimoniales: para cotejar la riqueza declarada con el patrimonio real y los ingresos demostrables a lo largo de la vida de los servidores públicos. No son papeles contables ceñidos a un año fiscal para el cálculo de impuestos, sino datos biográficos suficientes para confirmar la honestidad y la transparencia de una trayectoria limpia. Cualquier servidor público que sea incapaz de demostrar el origen lícito de su riqueza merece ser investigado, sin duda. Pero que esos funcionarios queden impunes, no equivale a ignorar las causas que les permitieron acumular esos recursos.
Impedir la captura de los asuntos públicos para fines privados es, de lejos, el desafío más relevante. De ahí proviene el tráfico de influencias, el uso indebido de la información, el uso discrecional de los dineros públicos, el conflicto de intereses y toda la cadena que entrelaza a las redes de la corrupción. Los corruptos actúan como dueños de los cargos públicos que ocupan: son los hacendados del poder. Y mientras eso no se modifique, unos podrán ir a la cárcel y otros podrán seguir medrando, pero la raíz del fenómeno que tanto daño nos ha hecho seguirá intacta. Si alguien lo ha atestiguado, sobreviviendo en la cúspide de todos los gobiernos, es Manuel Bartlett Díaz.
Investigador del CIDE
