No es lo mismo repartir dinero que garantizar derechos. Lo primero es relativamente fácil pues el dinero se entrega a quienes cumplen requisitos y llenan las solicitudes, mientras que lo segundo exige que las instituciones del Estado operen con profesionalismo, eficacia y transparencia. Cuando se reparte el gasto, el que paga manda y el que cobra se somete; cuando se honra un derecho, en cambio, quien obedece es el Estado porque el titular de los derechos es el ciudadano. El reparto de dinero depende del dinero disponible y de la voluntad de los gobiernos, mientras que los derechos están en la Constitución.
Si hay algo virtuoso en los tropiezos que ha venido enfrentando el sistema de salud pública de México, es esa invitación a repensar en serio el contenido sustantivo de la política social que, al principio del sexenio, quedó prácticamente sepultada por la fuerza del discurso crítico del presidente. Casi nadie puso en duda que el dinero público se usaría de manera preferente para los más pobres y, en consecuencia, casi nadie objetó los programas de distribución masiva de recursos públicos que se pusieron en marcha desde los primeros días. Todo parecía miel sobre hojuelas, hasta que los medicamentos empezaron a escasear y las recetas expedidas en los hospitales públicos dejaron de surtirse. Y a todas luces, era imposible sustituir esa carencia por otro programa de reparto de dinero a modo. Lo que la gente quería (y exige aún) es que el sistema de salud funcione bien.
Aquella crisis de las medicinas que todavía sigue desafiando al Estado mexicano sirvió para mostrar que la gestión de ese sistema reclamaba (y sigue reclamando) una revisión digna de expertos en fontanería. No era solamente que las medicinas fueran caras y que los distribuidores hubiesen construido un oligopolio desalmado, sino que la maquinaria que regía a los centros de salud y a los hospitales del país no estaba funcionando de manera armónica, ni estaba tratando los padecimientos con los mismos protocolos ni las mismas medicinas ni, por supuesto, que el problema se ciñera solamente a una cuestión de adquisiciones e inventarios. No estaba en juego la compra de tres muéganos sino la operación completa del sistema de salud. Y desde luego, la solución no podía consistir en inventar otro programa de reparto de dinero para que los pacientes, en vez de recibir un tratamiento, salieran con un depósito en sus cuentas.
Ahora estalla, como una nueva crisis, la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que suple al Seguro Popular y que revela, una vez más, que la gestión del derecho a la salud es mucho más compleja que la operación de un puñado de tarjetas y un listado de beneficiarios. Detrás de la incertidumbre que ha despertado esa mudanza hay una larga lista de intereses añejados, que pasa por el control político y laboral de los centros de salud, por la compra de medicamentos, por la designación de médicos, enfermeras y trabajadores sociales y administrativos, por la operación de los centros de salud y de los hospitales, por la coordinación entre sistemas que hasta ahora se han hablado poco y, sobre todo, por la decisión sobre tratamientos y atención a los pacientes, a sus familias y a la sociedad, en general. Porque garantizar el acceso a la salud no es cosa unilateral, sino recíproca: los pacientes no son eventos estadísticos sino personas titulares de derechos.
Confío en que esta nueva crisis sirva para afirmar que los derechos han de prevalecer sobre cualquier otro criterio de igualdad en el Estado mexicano; que sirva, sobre todo, para distinguirlos de las dádivas; y que sirva también para consolidar instituciones públicas honestas y eficaces. Que nadie quite el dedo del renglón; en esto sí nos va la vida.
Investigador del CIDE
