Las instituciones electorales lo tienen cada vez más difícil. A reserva de lo que concluya oficialmente el INE de Guadalupe Taddei –lo digo así porque ese órgano ha ido perdiendo cada vez más su espíritu colegiado—mis cuentas preliminares me dicen que el primer domingo de junio habrán de elegirse 1,508 cargos judiciales entre más de 11 mil candidaturas en todo el país.
Tras la tómbola de la guillotina, quince personas decidirán quiénes aparecerán en un caudal de boletas. No. No será el pueblo, sino esos quince notables quienes aprobarán las candidaturas de quienes competirán por ocupar la mitad de los cargos en el Poder Judicial. Dos tercios serán cercanos al régimen: un tercio será recomendado por la presidenta de la República (el poder ejecutivo es unipersonal, no se nos olvide), otro tercio lo seleccionará la mayoría del legislativo y un tercio más, la vilipendiada Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dada esa composición sesgada de origen y tomando en cuenta, a la vez, la capacidad de movilización política de la coalición hegemónica y la tenaz campaña de desprestigio enderezada contra la Corte, no creo que cueste mucho trabajo imaginar quiénes tendrán más probabilidades de ser electos.
En el camino, el INE y los órganos electorales locales tendrán que lidiar otra vez con la ubicación de casillas para la elección judicial, que no podrá ser la misma que se utilizó el 2 de junio pasado. Tendrá que diseñar las boletas para que la gente comprenda por quiénes y por qué cargos está votando: ministros y ministras para la Corte Suprema, magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistraturas de las salas regionales electorales, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, primera mitad de magistraturas de circuito, primera mitad de las y los jueces de distrito y magistrados y magistradas locales. ¿Quién dice que no es pan comido? Luego, tendrá que convocar nuevamente a cientos de miles de ciudadanos para integrar las casillas electorales y capacitarlos para que no se hagan bolas con las urnas y las boletas diferenciadas y puedan llenar las actas con claridad. Y además, tendrán que emprender una campaña audaz para explicarle a la gente de qué va toda esta elección.
Toda esa parafernalia, pese a que el gobierno se había venido doliendo del presupuesto otorgado a los órganos electorales, tendrá costos inevitablemente elevados. Será un despliegue gigantesco de personal, campañas, debates, trabajo de campo, materiales impresos y logística operativa, para elegir entre las personas que, de todos modos, ya habrán sido seleccionadas por su cercanía al régimen. ¿O alguien duda —solo por poner dos ejemplos ya evidentes— que Lenia Batres o Yasmín Esquivel perderán la elección, tras haber anunciado sus candidaturas?
Repito: quince personas decidirán todas las candidaturas, dos tercios de esos ungidos gozarán del respaldo del régimen, luego habrá sesenta días para que más de 11 mil candidatos sean conocidos por el pueblo de México y miles de casillas serán instaladas para legitimar las decisiones tomadas. Por lo demás, si llegase a existir alguna dificultad operativa durante ese trayecto, los costos políticos serían cargados al INE, como una prenda más para el gobierno que se ha propuesto extinguirlo. Sinceramente, toda esta operación es una farsa para justificar una decisión caprichosa y encadenar las que siguen.
¿De veras alguien cree que convalidar las decisiones del aparato que decidió quebrar al Poder Judicial, que decidirá las candidaturas, que pondrá dos tercios en las boletas y que movilizará a la gente para votar por quien no conoce es democrático? Temo que sí. Hay quien lo cree porque quieren respaldar a su líder. Todo lo demás les tiene sin cuidado (hasta que despierten).
Investigador de la Universidad de Guadalajara
