El futuro del país se está dirimiendo ya por las nuevas autoridades constituídas en las cámaras legislativas federales, pero Jalisco sigue en vilo: la elección de Guadalajara está impugnada ante la sala regional del Tribunal Electoral y, ante la sala superior de ese mismo tribunal, la elección para la gubernatura, Y mientras esas instancias guardan silencio y procrastinan, Morena y sus aliados siguen atizando el fuego de la política local un día sí y otro también.
Los candidatos de Morena eligieron una estrategia jurídica sui géneris para dolerse de sus derrotas: decidieron acusar a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez, de haber orquestado un fraude para arrebatarles la elección. Sin embargo, sus alegatos están fundados en los hechos que ellos mismos generaron. Dicen, por ejemplo, que “se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales” porque algunos de sus representantes optaron por no acompañar el traslado de esos materiales hasta las sedes donde se recibieron. El IEPC ha mostrado una y otra vez los recibos de entrega-recepción de las 2,190 casillas instaladas, con excepción de 3 de ellas que, en efecto, fueron sustraídas por personas ajenas a la autoridad electoral. Pero los agraviados siguen repitiendo su argumento.
Se duelen de que los votos fueron robados en la noche de la elección, dicen, porque algunos paquetes electorales fueron entregados equivocadamente, por algunos funcionarios de casilla, en consejos distritales diferentes. Cuando las autoridades se percataron de esos errores, siguieron los protocolos establecidos por la ley para llevarlos de inmediato a las sedes correctas tras registrar los hechos y proteger los materiales con bolsas de plástico. Pero al salir, se encontraron con grupos de choque de Morena que amenazaron y golpearon a los funcionarios –algunos de esos golpeadores iban armados— para argüir, después, que se estaban robando votos.
Se quejan del rezago que hubo en el PREP de Jalisco. Pero omiten que fueron sus representantes de casilla –los de Morena y sus aliados— quienes demoraron los recuentos de esa noche por tres razones: porque primero contaron los votos de las elecciones federales y dejaron las locales al final; porque su coalicion estatal fue de cinco partidos (los tres conocidos, más Futuro y Hagamos) que hicieron mucho más difícil el llenado de las actas; y porque tenían instrucciones de pelear todo. Pese a todo, el PREP de Jalisco capturó el 86% de las actas de casilla (en 2021 capturó el 84% y en 2018, el 74%) y sus datos fueron casi idénticos a los que resultaron del recuento posterior de votos.
Dicen que “se perdieron más de 100 mil votos”, porque los resultados de la elección federal tuvieron más sufragios que los comicios estatales y municipales. Pero no han dicho que en Jalisco se instalaron 54 casillas especiales, con 1,000 votos cada una, en las que solo se podía votar por el cargo de presidente de la República y tampoco dicen nada del voto extraterritorial ni de los sufragios emitidos por las personas en prisión preventiva. Se niegan a hacer sumas y restas básicas. Aducen que hubo paquetes perdidos —exhibiendo los videos de la trifulca que ellos mismos montaron en la noche de las elecciones— cuando el IEPC ha probado que tiene en su poder el 99.9% de ellos. Durante el recuento posterior se abrieron y recontaron todos los paquetes que exigió Morena, que representaron más del 54% del total de las elecciones locales. Nada modificó los resultados. Pero Morena ha decidido arrebatar los (pocos) puestos que no ganó en las urnas tapatías.
A todas luces, las y los magistrados del tribunal han decidido arrastrar los pies dejando a la entidad en vilo. Me preocupa que, mientras estamos distraídos por los temas nacionales, un día de estos nos despertemos con la novedad de que el órgano jurisdiccional decidió anular las elecciones de Jalisco para darle gusto a Morena. Preocupa que esa decisión sea la moneda de cambio por el ajuste de último minuto que se hizo a la reforma judicial para permitir que los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral sean los únicos, de todo el Poder Judicial, que conservarían sus puestos hasta el 2027 o que los amigos del magistrado Felipe de la Mata, como “el Fisgón”, o Citlalli Hernández o Jenaro Villamil, que han presentado con alegría su novela “Las Heridas”, obtengan a cambio la retribución de una sentencia a modo.
La situación de Jalisco no debe pasar inadvertida. Si Morena lograra hacerse del gobierno del Estado y de la capital occidental con ese saco de malas artes y la connivencia del Tribunal Electoral, estaríamos asistiendo ya al primer eslabón formal de la cadena autoritaria que hundirá lo poco que queda de nuestra esperanza democrática.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
