Los municipios mexicanos están ausentes de la 4T. No hay para ellos ningún proyecto de futuro, ni un rol que jugar en el imaginario que emana desde la presidencia del país y que conduce, inexorablemente, de vuelta a ella. Tampoco están presentes en la agenda política de los demás, excepto cuando manifiestan su impotencia para resolver problemas o cuando se vuelven motivo de conflicto entre partidos y poderes fácticos que se disputan el control del territorio. Ahí están, como la base de la división política de México, pero nadie sabe qué hacer con ellos.
En algún momento del pasado se decía que eran del pueblo, pero eso ya no es cierto. Aquella visión romántica del municipio como escuela de la democracia se deshizo (si es que alguna la hubo) con la transición del régimen de un solo partido a la pluralidad: el diseño acuñado en los años ochenta del siglo previo, que sirvió para impulsar la presencia de las oposiciones en los ayuntamientos, se perdió muy pronto por las estrategias malhadadas para comprar votos, capturar los exiguos presupuestos, acomodar sus reglamentos a los intereses cupulares y construir clientelas con sellos partidarios. Del pueblo no quedó, acaso, más que la feria y el grito de septiembre.
Fue un error quererlos meter a todos en el mismo saco constitucional. Nunca fueron exactamente iguales: dese su origen colonial y hasta la fecha, siempre fue imposible equiparar a las ciudades diseñadas por los españoles con las comunidades originarias; a las capitales con las cabeceras y los pueblos aledaños; a las grandes urbes con los pueblos dispersos en las sierras, entre un largo y complejo etcétera de asentamientos, tradiciones, economías locales y culturas diferentes. El municipio fraseado en singular es una aporía, pues los hay de todo tipo y cualidades. Y en la práctica, sus gobiernos se acomodan mal a las muy diversas realidades que los interpelan.
De hecho, creer que el municipio equivale a los ayuntamientos es ya una desviación. Debajo de esa piel hay otras formas de organización social, mucho más vivas, que no tienen cabida en la lógica institucional vigente. Así como en el pasado colonial las cofradías se disputaban la representación del pueblo frente a la rigidez de las parroquias y las jerarquías católicas que gobernaban (remito a Clara García y su excelente texto: Desencuentros con la tradición, FCE, 2015), así también y hasta la fecha, los ayuntamientos viven empalados entre las rigideces de las normas que los rigen y la libertad ingobernable de los pueblos, las comunidades, las colonias y los barrios.
Eso que llamamos sociedad civil (otra generalización castrante que oculta, en vez de revelar, nuestra diversidad libérrima) se expresa en cada municipio de formas muy distintas, que rebasan con creces las capacidades limitadas de los gobiernos para darles cauce. Como el agua en movimiento, la gente busca la salida a los problemas que la agobian de modos que no encajan con lo que ofrecen sus ayuntamientos. Y lamentablemente, la encuentran con frecuencia fuera de la ley y en contra de las decisiones de quienes dicen gobernarlos. El caos local, que atribula a casi toda la república, es la consecuencia de esa incomprensión: gobiernos rígidos que sirven para muy poco, frente a organizaciones de toda índole gestadas de manera autónoma y, muchas veces, ignoradas o aplastadas.
En estos tiempos de mudanzas, nos estamos enredando con los mismos hilos del pasado, creyendo que las soluciones a todos los problemas vendrán del gobierno nacional. Es un error: nada cambiará definitivamente mientras no aprendamos a reconocer y respetar la libertad local; es decir, la que nace de la gente para convivir y gobernarse libremente. Es un buen momento para reconocer el rumor de esa corriente, antes de que nos desborde y nos inunde.
Investigador del CIDE