De conformidad con el nuevo texto constitucional, el proceso electoral extraordinario para elegir a una buena parte de las y los integrantes del Poder Judicial comenzará al día siguiente de la promulgación de las reformas (¿hoy?). El Consejo General del INE habrá de reunirse para dar inicio formal a sus tareas, pero no podrá hacerlo con las representaciones de los partidos ni del Legislativo: el proceso tendrá que organizarse y desarrollarse solamente por las y los consejeros electorales, quienes asumirán la responsabilidad de tener todo listo para que el pueblo elija juzgadores en la primera semana de junio del año siguiente.
Ese instituto —que ha sido vilipendiado hasta el agotamiento por el presidente López Obrador como un orquestador de fraudes—tendrá una tarea difícil, pues en esta primera ronda electoral se elegirán 5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte de Justicia, 2 magistradas del Tribunal Electoral, 15 magistradas y magistrados (en paridad de género) de las salas regionales de ese mismo tribunal electoral, 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (que, por cierto, será tan importante o más que la Suprema Corte de Justicia), 823 magistradas y magistrados y jueces y juezas de distritos (otra vez, en paridad de género) y 627 magistrados y magistradas de tribunales estatales. En suma, en la primera ronda electoral que ya inició, se elegirán 1,481 cargos jurisdiccionales, por los que competirán 10,815 candidaturas registradas en las boletas tras los procesos de postulación, selección e insaculación previos. Eso ocurrirá luego de la promulgación.
Para las elecciones intermedias del 2027 se completará el renuevo del Poder Judicial en su totalidad, añadiendo las 5 magistraturas restantes del Tribunal Electoral, 824 magistradas y magistrados, jueces y juezas de distrito y 4,398 jueces y juezas de poderes judiciales estatales, para un total de 5,227 cargos jurisdiccionales. En ese otro momento habrá en las boletas 31,347 personas candidatas.
Por si usted se confundió con tantos datos, sintetizo: en 2025 y 2027 elegiremos un total de 6,708 cargos, entre 42,145 candidaturas disponibles (la primera cifra viene de los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal 2023 del INEGI, correspondientes al último tramo del 2022, de modo que todavia es preciso afinarla). De otra parte, ninguna de esas personas candidatas podrá usar recursos públicos ni privados para hacer campañas (eso dice literalmente la Constitución) y solo tendrán 60 días para darse a conocer públicamente a través de los medios que ponga a su disposición el INE, incluyendo la organización de debates durante ese periodo. Repito: 42,145 candidatas y candidatos competirán por ocupar un cargo en el nuevo Poder Judicial sin usar dinero, debatiendo entre ellas y ellos y presentándose ante el pueblo a través del INE. Los partidos no podrán participar.
Solo por poner una referencia, las elecciones recién pasadas (las del 2 de junio) fueron las más complejas de la historia, porque se eligieron 21,237 cargos federales y locales, con 6 boletas por persona. Ahora habrá 9 boletas para la Corte, 2 para el Tribunal Electoral, 5 para el Tribunal de Disciplina Judicial, alrededor de 9 para magistrados estatales y al menos 5 más para magistrados y jueces de distritos. Eso sumará, al menos, 30 boletas por cada elector. Atrás de cada una vendrán los nombres de las y los candidatos a cada cargo y quién los propone: si el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. ¿Cuánto costará toda esa organización electoral? Tampoco se sabe, pero se gastará dos veces: en 2025 y en 2027.
Toda esa parafernalia ya está en la Constitución, para así ahorrar recursos, dignificar y poner el Poder Judicial al servicio de la Patria. Amén.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
