Es obvio que el federalismo mexicano cambiará en el segundo tramo del sexenio. Espejo fiel de la política polarizada que vivimos, ya es evidente que el arreglo federal no podrá permanecer intacto. Las debilidades que ya venía arrastrando se confrontarán cada vez más con los problemas públicos de todo el territorio y será indispensable revisar, una vez más, las bases, el marco y el destino de las relaciones entre los gobiernos, los poderes y los órganos autónomos.
Tras las elecciones del 2021, el partido de Andrés Manuel López Obrador ensanchó su influencia en los estados y en el ámbito municipal. Un resultado que en principio anunciaría un declive del federalismo, pues a nadie escapa que el titular del Estado mexicano ha buscado centralizar la gestión pública y controlar su operación. De hecho, quienes votaron por Morena sabían a ciencia cierta que estaban otorgando más poder al presidente y que, en consecuencia, estaban optando por restar capacidades a sus gobiernos estatales y municipales. Sin escatimarle méritos a las personas que abanderaron las candidaturas de Morena, la verdad es que todos y todas se montaron en la fuerza y en la imagen de su líder único para ganar los cargos que ya ostentan.
No obstante, una cosa es disputar los votos y otra cosa gobernar. De modo que aunque los nuevos ejecutivos emanados de Morena le hayan ofrecido toda su lealtad al presidente, es probable que también lo lleven a reconsiderar el proceso de centralización política que se ha propuesto desde que llegó al poder. Y lo mismo puede decirse de los ayuntamientos que ganaron con la figura de López Obrador como bandera, pues lo cierto es que hoy tienen menos dinero, menos facultades y más problemas que enfrentar. Podrán invocar la narrativa del líder tanto como quieran, que de todos modos tendrán que prestar servicios públicos, ofrecer seguridad, apoyar a los grupos vulnerables y garantizar derechos. Y eso no se arregla con palabras sino con recursos.
Basta recordar que sólo en el primer trimestre de este año, los recursos federales transferidos a las entidades y a los municipios —según los datos entregados por Hacienda— disminuyeron 8.2 por ciento respecto el mismo lapso del año previo, mientras que los gastos de operación cayeron 24.2 por ciento. Y en contrapartida, la inflación sigue creciendo, la población sigue aumentando, la violencia no está declinando y la pobreza no está disminuyendo. La maldita realidad es más tenaz que el presidente y será imposible afrontar ese caudal de desafíos sin contar con una organización territorial tan eficiente como descentralizada.
Por otra parte, el deterioro de las capacidades institucionales de los municipios ya es una tragedia nacional —desde cualquier punto de vista—, a la que se suma la sospecha cada vez más extendida de que, en muchos de ellos, las elecciones no las ganaron los partidos ni las propuestas programáticas, sino los criminales y las amenazas. Si ya era imperativo revisar a fondo el papel que podrían jugar los alcaldes y los ayuntamientos, hacerlo ya se ha vuelto, además, un asunto de seguridad nacional.
Y por último, es previsible que los gobernadores que no emanaron de Morena secunden en algún momento la rebelión federalista que han decidido encabezar Enrique Alfaro y Samuel García, desde Jalisco y Nuevo León: las dos regiones más potentes del país después de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hasta ahora, los voceros estatales de Movimiento Ciudadano no han hecho más que pedir, con argumentos válidos, la revisión del sistema de coordinación fiscal. Pero en el federalismo mexicano hay muchos más problemas. Ojalá haya sensibilidad para entenderlo, pues la comprensión de la mirada ajena se está volviendo un bien escaso en la República.
