De aprobarse la iniciativa presentada para extinguir los fideicomisos que sustentan las actividades del CIDE, se producirían efectos opuestos a los que promete: i) en vez de eliminar la opacidad en el uso de los recursos públicos, la propiciaría; ii) en vez de fomentar la rendición de cuentas, la enredaría; y iii) en vez de incrementar los recursos para enfrentar el impacto financiero de la pandemia, los reduciría.
Los fideicomisos del CIDE no son opacos. Las normas vigentes obligan a abrir al público toda la información sobre el uso de ese dinero (www.cide.edu) así como a someterse a la fiscalización aplicable a los recursos públicos federales. Al eliminarlos, desaparecería también la información pormenorizada sobre su contenido mientras que los procesos de fiscalización quedarían subsumidos en la revisión genérica de los ramos a los que eventualmente se lleven. Si de veras se buscara más transparencia y más fiscalización, no tendría que modificarse la ley.
No es verdad que la eliminación de esos fideicomisos ayude a la rendición de cuentas. Por el contrario, a diferencia de los recursos fiscales, la existencia de esos instrumentos permite saber si efectivamente cumplen con el mandato para el que fueron creados. Y de otro lado, los comités técnicos que gestionan sus fondos están basados en decisiones colegiadas que, por su propia naturaleza, vinculan el uso de esos dineros con los resultados que se exigen de ellos. De hecho, no existe ningún otro instrumento capaz de relacionar con la misma fuerza jurídica el uso de los recursos con la obligación de rendir cuentas.
Tampoco es cierto que eliminar los fideicomisos incremente la capacidad financiera del Estado mexicano. Al extinguirlos no sólo podrían generarse costos inciertos por el incumplimiento de las obligaciones legales contraídas con los organismos que han aportado recursos para proyectos de investigación específicos, sino que también se cancelaría la posibilidad de seguir promoviendo esas aportaciones en el futuro. El dinero de los fideicomisos no solo proviene del erario, de modo que al cancelarlos, el gobierno mexicano clausuraría una fuente adicional de financiamiento para cumplir con sus cometidos.
La verdad es que la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología no puede justificarse en ninguna de las tres razones enunciadas en su proyecto. De consumarse, no sólo se producirían los efectos opuestos sino que se perderían tres atributos adicionales: i) la autonomía académica para decidir el destino de esos recursos, de conformidad con el mandato de creación del CIDE; autonomía que, como ya se dijo antes, no es sinónimo de discrecionalidad ni de opacidad; ii) la flexibilidad para gestionar el uso de ese dinero de manera multianual, sin someterse al rigor burocrático del ejercicio fiscal; y iii) la apertura a la diversificación de las fuentes de financiamiento disponibles, tanto en México como en el extranjero, para financiar los proyectos de investigación, docencia y divulgación.
La consecuencia más evidente de la extinción de los fideicomisos del CIDE sería la eliminación de sus atributos: la autonomía, la flexibilidad y la diversidad del financiamiento. De aprobarse la iniciativa, los fideicomisos serían suplidos por fondos públicos centralizados en Conacyt para someter al CIDE a las decisiones tomadas por funcionarios ajenos a la institución; habría una inexorable rigidez en el manejo de los recursos, tanto por razones de control burocrático como por la anualidad del ejercicio fiscal; y se eliminaría cualquier posibilidad de obtener recursos adicionales para financiar la investigación, la docencia y la extensión académica. El resultado sería, en suma, la sujeción, el control y la rigidez. Que se sepa, para que nadie se engañe. Por lo menos hagamos valer la verdad.
Investigador del CIDE
