Se perciben a sí mismos como revolucionarios: están sinceramente convencidos de formar parte de un proceso de transformación histórica —y no uno más, sino el más importante de la historia mexicana— cuyos fines justifican por y para sí todos los medios simbólicos, políticos y burocráticos necesarios para lograrlos. En esa lógica, cualquier obstáculo que se oponga a sus propósitos debe ser eliminado pues las revoluciones no transigen, ni negocian, ni conceden: actúan y avanzan, a pesar de todo. No hay medias tintas: o se triunfa o se fracasa por completo.
Asumen que es una revolución pacífica que no llegó al poder con armas sino con votos: 30 millones de sufragios. Pero afirman que no ganaron para llevar a cabo un programa sexenal sino que recibieron el mandato de emprender esa revolución que se había venido incubando —y demorando— desde los 80. No se plantearon formar otro gobierno sino cambiar el régimen político. Gobernar es una cosa y transformar la realidad es otra, de modo que lo suyo es desterrar el neoliberalismo y derrotar definitivamente a quienes lo prohijaron, lo protegieron o lo toleraron, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.
En las revoluciones no hay ni puede haber matices. Las dudas son traiciones y los titubeos son inaceptables: o se está con la transformación o se está del lado de los enemigos. ¿Quiénes son éstos? Los que enumera el presidente todas las mañanas, en algunas ocasiones por sus nombres y en otras de forma genérica: los conservadores, los partidarios del estatus quo y, en general, cualquiera que critique o se oponga a las decisiones del líder revolucionario quien es, a un tiempo, guía, símbolo, salvaguarda y ariete de la causa compartida.
Por eso hay que vencer a los corruptos que obtuvieron beneficios del régimen pasado, empezando desde luego por los partidos y los políticos que lo encarnaron: a todos, porque Morena no es partido sino movimiento; no aspira a gobernar —insisto— sino a regenerar la vida pública de México; si debe tolerarse la alianza con algunos ha de ser por razones estratégicas pero jamás por convicción. Pero también (y sobre todo) hay que derrotar las leyes y las instituciones que las oligarquías hipócritas crearon para eternizarse en el poder y someter al pueblo. El Estado de derecho fue un estado chueco, de modo que el cumplimiento de las leyes aún vigentes no se corresponde con el valor superior de la justicia: deben acatarse, acaso, si y solo si se consideran justas en función de los fines revolucionarios; de lo contrario, es preciso contrariarlas.
La revolución en marcha se funda en el respaldo popular mayoritario que es, a su vez, la base de la democracia auténtica. En este sentido, la pluralidad es una argucia de los adversarios para mantener los privilegios de la oligarquía, a través de las organizaciones que fueron inventando para afirmarse y recrearse. Siendo pacífica, empero, la revolución tolera su existencia pero no su incidencia en las decisiones del Estado. Las reacciones de cualquier naturaleza tienen intactas cada una de sus libertades —prohibido prohibir— pero no deben ejercer ningún poder y ninguna influencia: el único mandato es el del pueblo y el único mandatario legítimo es su presidente.
De ahí que todas y cada una de las decisiones, las acciones y las instituciones deban responder al doble imperativo revolucionario: abandonar hasta el último de los vestigios del antiguo régimen —sus prácticas, su boato, sus aparatos administrativos, su pluralidad tramposa, sus normas, sus organizaciones y su retórica dizque democrática— e imponer con tenacidad la concepción política, jurídica, ética y estética de la transformación igualitaria que derrotará la corrupción, la desigualdad y la violencia.
