Las anomalías asociadas al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) forman una cascada. No se trata solamente de un escándalo generado por un error ni todo esto empezó a ponerse mal a partir de la semana pasada. Tengo para mí que esa es la versión fabricada para la prensa, que no sólo mordió el anzuelo sino que ha hecho pedazos al órgano de fiscalización de la cuenta pública y le devolvió al gobierno de México la virtud de la honestidad mancillada. Hoy, la Cámara de Diputados completará el guion haciendo leña del árbol caído. Pero algo huele muy mal.
De entrada, buena parte de ese informe tuvo que presentarse desde el año pasado, pero la ASF arguyó la pandemia para aplazar ese compromiso. Ese argumento sonaba raro, pues nunca se había pospuesto la entrega de auditorías y además, apenas en enero del 2021, se reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para añadirle el Artículo 17bis, según el cual: “los procesos de fiscalización a que hace referencia esta ley, podrán ser realizados (…) de manera presencial o por medios electrónicos”. De modo que ninguna auditoría quedó interrumpida por la pandemia. Pero el Auditor Superior prefirió demorar su presentación, sin que esa decisión haya generado ninguna crítica del gobierno de México.
La misma ley dice, en su Artículo 20, que “la ASF, de manera previa a la fecha de presentación de los informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan”. Y, de hecho, esas reuniones –conocidas como la confronta de resultados— han venido sucediendo de manera regular a lo largo del siglo XXI. Tanto, que incluso existen lineamientos técnicos emitidos por la propia ASF para registrar y responder a los alegatos de los auditados quienes, siempre e invariablemente, interactúan con los auditores.
Sin embargo, el gobierno de México reaccionó con sorpresa hasta el 22 de febrero, como si se hubiese enterado de los resultados a través de los medios, como cualquier hijo de vecino, y eso no es cierto. De modo que las descalificaciones públicas que hizo el secretario de Hacienda sobre la auditoría más polémica —la del aeropuerto— tuvieron que ser entregadas a la ASF en algún momento previo a la publicación de los resultados que, como dije antes, ya se habían pospuesto deliberadamente.
La forma y la prisa por acentuar los errores de cálculo de una de las 1,280 auditorías que se hicieron a la cuenta pública del 2019 también es inédita, pues el proceso legal está lejos de haber concluido. El Artículo 39 de la ley que vengo citando dice que “El titular de la ASF enviará a las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Cámara, el informe individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes”. Y más adelante, el Artículo 41 de esa norma le otorga a la ASF hasta 120 días hábiles más para pronunciarse sobre esas respuestas. Pero en esta ocasión y aun en contra de esas normas jurídicas, todo ha sucedido en una semana, en torno de una sola diferencia y en medio de un linchamiento mediático promovido con creces desde el gobierno.
A todas luces, o estamos presenciando una farsa (¿pactada?), o estamos atestiguando una flagrante vulneración de los procedimientos y los plazos establecidos en las leyes vigentes. Ninguna otra hipótesis es plausible. Algo huele muy mal en el Camino al Ajusco.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
