En México las elecciones funcionan. Han sido el camino pacífico para construir una democracia. Las formas son perfectibles, ¡claro! Pero por qué el afán de destruir en lugar de mejorar lo que ya tenemos. La Reforma electoral que se está planteando, ¡podría significar un grave retroceso democrático para nuestro país!
Las reformas a los ordenamientos jurídicos son procesos de actualización de las normas, que se llevan a cabo en todos los Estados de derecho democráticos. Reformar significa innovar, cambiar o darle una nueva forma a algo. Sin embargo, esas “nuevas formas” no siempre son positivas.
El derecho mexicano no está exento de este fenómeno, y mucho menos por lo que se refiere a la legislación electoral. Esto es así, porque las normas que regulan la actividad política del Estado y de la sociedad, deben estar en constante movimiento ante los cambios estructurales que se dan a su alrededor. Esto, indudablemente, se refleja en los esfuerzos de los ciudadanos por alcanzar estándares de vida cada vez mejores dentro de una convivencia pacífica y democrática.
Las instituciones electorales han cumplido funciones indispensables para el Estado mexicano. Tienen el mandato de garantizar una democracia sana. Obviar su papel dentro de la historia, sería negar que hayan sido actores fundamentales durante la transición democrática.
En los noventas en México se avanzó, como nunca antes, en temas electorales. Las votaciones y los procesos anteriores urgían de cambios de fondo. Así, se creó el Instituto Federal Electoral, como un órgano constitucional autónomo. Además, inició la fiscalización de los recursos de los partidos políticos con distintos mecanismos de auditorías.
Entonces, fue evidente la creciente lucha de los ciudadanos por alcanzar la consolidación y el fortalecimiento de un Estado democrático, donde los ideales de los individuos se vieran respaldados por normas que garantizaran plenamente sus anhelos.
Algunos años después el IFE dio paso al INE y el sistema nacional electoral se redefinió. Las Reformas electorales que nos han tocado vivir, han sido impulsadas por la oposición y la sociedad civil y negociadas con el gobierno para poder procesar los reclamos de pluralidad y equidad en las contiendas. La construcción de condiciones equitativas para éstas, ha sido fruto de un largo proceso de trabajo y reglas de operación.
El tema electoral puede ser perfectible, de eso no hay duda. Sin embargo, establecer como criterio rector de esta Reforma “que las elecciones y la democracia nos cuestan mucho”, es no hacerse cargo del papel que juegan dentro de la convivencia y la paz social. Por supuesto que pueden hacerse ahorros, pero no a costa de lo más importante. Los problemas surgidos a raíz de procesos no democráticos, sin duda nos costarían más.
Además, creemos que más que perfeccionar, el gobierno de Morena pretende capturar o controlar al órgano electoral para tomar “la sartén por el mango”.
El momento que estamos viviendo es adecuado para hacer un balance sobre nuestro modelo electoral, para ver qué está funcionando y qué se está quedando por debajo de las expectativas. La Reforma es necesaria para mejorar los procesos, pero la autonomía de la autoridad electoral debe existir para que sea capaz de ofrecer garantías de imparcialidad a todos.
Centralizar el poder no es la solución. Nuestro trabajo,entonces, será defender que los alcances y logros de esta modificación, no vulneren nuestra soberanía.
