En noviembre del año pasado, en Baja California, inició lo que fue un intento fallido de Morena por pisotear a las instituciones y a la democracia. El Gobernador, que había sido elegido por un periodo de solo dos años, mañosamente intentó, con toda la maquinaria a su mano, extender su mandato a 5 años, a pesar de que ya se había concluido el proceso electoral del 2019. A esa estafa a los ciudadanos, que incluso contó con el aval del Presidente, al mandar a su Secretaria de Gobernación a atestiguar la violación constitucional, se le llamó Ley Bonilla.
En su fallido laboratorio electoral de Baja California, en el que intentaban crear una reelección disfrazada, a los morenistas se les olvidó que la soberanía radica en los ciudadanos; que no se deben ignorar sus votos, porque son el reflejo de su voluntad. Afortunadamente para los bajacalifornianos y para todos los mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley Bonilla.
Estos once ministros, escribieron un antes y un después para el presente y el futuro de México. Lograron frenar el deseo de hacer de la Constitución, un traje a la medida de la ambición de un gobernante que, riesgosamente, después se iría repitiendo en cada estado donde hubiese la oportunidad. Por eso, entre tantas malas decisiones que han puesto en jaque nuestra libertad, finalmente con este fallo venció la democracia.
Es innegable que muchos diputados locales fueron parte de esa artimaña. Los de Acción Nacional fueron sometidos a un procedimiento en la Comisión de Orden, para después ser expulsados, dando ejemplo de que ese tipo de prácticas en el PAN no se toleran.
Así, la reforma impulsada por Morena en el Congreso bajacaliforniano, resultaba un atropello, a todas luces, a los derechos electorales, burlando el legítimo derecho de votar y ser votado, así como los principios de la democracia mexicana, principalmente el de la no reelección. Esto no era sino la suma de la violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático.
Además, ni una “supuesta consulta popular” -como la que se hizo en octubre pasado para validar esta reforma- ni la pandemia por el Covid19, pueden ser usados para convalidar la violación a la voluntad de un pueblo, con pretextos o excusas metaconstitucionales. Eso hubiera sido, para todos, totalmente injusto.
La decisión de votar en contra de esta ley, preserva la democracia y la división de Poderes y nos hace confiar, otra vez, en nuestro sistema electoral y en la impartición de justicia. Se demostró, una vez más, la importancia de la división de poderes y de los contrapesos, para salvaguardar el verdadero interés nacional.
Hoy, lo que nuestro país necesita, son más funcionarios públicos y representantes populares comprometidos con México y con los mexicanos. Los ministros de la SCJN ya hicieron su parte. Gobernadores, senadores, diputados, debemos servir a los ciudadanos, a la legalidad, al respeto de los derechos humanos y no al poder.
Aún tenemos mucho camino por andar, pero juntos y organizados, por México, lo vamos a lograr.
@makugo
