Pasadas las altas temperaturas de las elecciones, cabe reflexionar sobre las agresiones perpetradas en ellas y en cómo puede frenarse su crecimiento, a fin de avanzar hacia procesos electorales exentos de violencia.
En los dos más recientes, han sido asesinadas 254 personas dedicadas a la política, entre ellas 84 aspirantes o candidatos a un cargo de elección popular.
Es indispensable definir qué debemos hacer como Estado, esto es, ciudadanía, gobierno e instituciones, para impedir que le violencia vuelva a hacerse presente, y menos aún en tales magnitudes.
Desde luego, hay que empezar por desarrollar oportunamente una estrategia general de prevención con la participación de los tres órdenes de gobierno, así como crear, de manera específica, mecanismos preventivos y de protección que incluyan análisis de riesgos por entidad.
Del Séptimo Informe de Violencia Política en México 2021, de Etelleckt Consultores (https://bit.ly/2SkB6QQ), entre otras fuentes, pueden tomarse algunos elementos para perfilar un esquema preliminar de prevención y combate a la violencia en campañas. Por ejemplo:
1. Es importante reconocer que más allá de la automática y genérica adjudicación de la violencia al crimen organizado, que sin duda participa y tiene intereses electorales, hay indicios de que muchos de los ataques, incluyendo homicidios, pudieron provenir de actores políticos que cobijándose en el velo de la violencia general pretendieron, y tal vez consiguieron, dirimir diferencias o hacerse de cargos o poder mediante actos criminales. Sin adelantar ninguna conclusión, hay que tomar nota de que en 75 de cada 100 agresiones las víctimas eran opositores al gobierno local.
Otro elemento de análisis es que, considerando que en 71 por ciento de las 339 amenazas registradas no se identificó a los autores, en 24 por ciento las victimas denunciaron a adversarios políticos, incluso de su mismo partido, y sólo en 5 por ciento las víctimas acusaron a la delincuencia organizada.
2. De la elección de 2018 a la de 2021 disminuyeron en 25% los homicidios contra aspirantes y candidatos, pero crecieron amenazas, ataques a colaboradores y familiares, extorsiones, secuestros, lesiones y actos de intimidación o maltrato físico y verbal en contra de candidatos y sus brigadistas. No puede ignorarse que los criminales privaron de la vida a 41 familiares de candidatos y a 14 de sus colaboradores.
Asimismo, hubo 71 ataques en contra de vehículos y domicilios de aspirantes con bombas molotov y sustancias inflamables.
3. Dar especial atención a las y los candidatos que buscan un cargo de elección municipal debido a que siete de cada 10 víctimas de agresiones corresponden a este perfil.
4. Aumentar las medidas preventivas y de protección en los últimos días del proceso. En el reciente, 20 por ciento de las mil 66 agresiones se realizaron del 1 al 6 de junio.
Tener presente que el día de la elección suele ser uno de los más violentos del proceso: el 6 de junio de este año se registraron 93 agresiones a políticos y electores, y el 1 de julio de 2018 se contabilizaron 142.
5. Asegurar de inmediato el combate a la impunidad para no dejar sin castigo las agresiones recientes, y sobre todo los homicidios, a fin de evitar que la ausencia de sanciones siga alentando el crecimiento de crímenes en los procesos electorales. No castigar a los autores materiales e intelectuales es aceptar a la violencia como un mecanismo efectivo de acceso al poder.
Aun cuando parezca fuera de tiempo, tenemos que empezar a perfilar soluciones. Es inadmisible que una vez concluida la competencia electoral se deje caer en el olvido la dolorosa experiencia de la violencia política, cuya repetición amenaza desde ahora a la siguiente elección.
Secretario general de Servicios Administrativos del Senado y especialista en derechos humanos.
@mfarahg
