Las cifras sobre violencia familiar en contra de niñas, niños y adolescentes nos remiten a una señal de alarma: de enero de junio de este año, se abrieron 129 mil carpetas de investigación en el país, lo que equivale a 716 agresiones en promedio diario y a un aumento de 24 por ciento respecto del primer semestre de 2020. Y eso sin considerar los casos que no son denunciados.
Estos datos, revelados por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, deberían bastar para sacarnos de nuestra cómoda indiferencia para reflexionar en lo mucho que tenemos que hacer como sociedad para proteger a nuestros niños y adolescentes y para brindarles espacios dignos de seguridad y desarrollo. Pero hay más cifras que nos apremian.
En 2020 nacieron 373 mil 661 bebés de madres que son niñas o adolescentes, embarazadas en su mayoría mediante violación. Más de mil nacimientos por día.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, cuatro de cada 100 alumbramientos en la actualidad son de menores de 17 años, en tanto que las defunciones por embarazo, parto o puerperio son la sexta causa de muerte en adolescentes de 15 a 17 años.
De 2019 a 2020 la tasa de suicidios aumentó 37 por ciento en niños y 12 por ciento en niñas, hasta llegar a mil 150 suicidios de niñas y niños el año anterior.
Entre enero de 2020 y el 10 de agosto de 2021 se ha registrado la desaparición de 4 mil 325 menores de edad, esto es, mil 470 niños y 2 mil 853 niñas, de entre 15 y 17 años.
Cada uno de los componentes de estas cifras es una tragedia por sí mismo, pero su gravedad adquiere otra dimensión, aún más estremecedora, con los siguientes porcentajes: 76 por ciento de las agresiones ocurrieron dentro del hogar; en 73 por ciento de los casos el responsable de la agresión es pariente de la víctima; y 81 por ciento de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes, quienes padecieron agresiones psicológicas, sexuales, físicas, económicas o de abandono o negligencia.
Llegamos así a la conclusión de que quienes perpetraron estas agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes fueron en su mayoría las personas más cercanas a ellos, justamente quienes debieran protegerlos y cuidar su sano desarrollo.
En el caso de los embarazos por violación de niñas y adolescentes, quien cometió el crimen fue el novio, un amigo o un familiar. Otros embarazos de adolescentes fueron resultado de matrimonios arreglados, “que son violaciones sexuales”, enfatizó el subsecretario.
Y ocurre también que las más de las veces quienes sustraen a una niña o una adolescente que luego se reporta como desaparecida son familiares cercanos o parientes.
El subsecretario Encinas atribuyó a la suspensión de clases y a las restricciones a la movilidad este incremento en las afectaciones graves a nuestra niñez, lo cual contribuyó a hacerla más vulnerable a la violencia familiar.
En efecto, los especialistas coinciden en esta relación de causa efecto. En algunos casos el encierro exacerba las condiciones de hacinamiento, y en otros agudiza las tensiones familiares.
Aceptemos que así es y que tenemos que hacer algo al respecto, pero ello no puede significar despojar de responsabilidad a quienes más compete cuidar la integridad de niñas, niños y adolescentes y sin embargo incurren en la vileza de traicionar su confianza.
Afortunadamente, son muchos más los hogares en los que ni la restricción a la movilidad ni la suspensión de clases han conducido a la violencia a sus integrantes.
