Para el Día Mundial Contra la Trata de Personas 2024, conmemorado ayer, 30 de julio, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) propuso enfocarse en la sensibilización sobre las causas y vulnerabilidades asociadas a la trata de niñas, niños y adolescentes.
El planteamiento es acertado porque la sensibilización hace posible la prevención de un delito que debe ser combatido de manera urgente, sistemática y eficaz, a fin de salvaguardar la vida y el libre desarrollo de millones de menores de edad en el mundo.
Infortunadamente, nuestra niñez y adolescencia se ven amenazadas por quienes, carentes de escrúpulos, no tienen reparo en robar, engañar, retener, someter, vender, infligir dolor y sufrimiento a niñas y niños. Lucrar con su integridad física y mental es inadmisible e imperdonable. Ninguno, absolutamente ninguno, debería padecer esta barbarie.
Pero ocurre. Por más fuertes que sean o parezcan los Estados, la trata de menores prevalece y va en aumento.
Pareciera que la delincuencia va de prisa y la respuesta institucional de las naciones va despacio, diferencia que se materializa en el aumento de la trata de niñas y niños en las modalidades ya arraigadas, como trabajo forzoso, delincuencia, mendicidad, adopción ilegal, abuso sexual y explotación sexual.
Según el Informe Mundial Sobre Trata de Personas de la UNODC, una de cada tres víctimas de trata es menor de edad y, en su mayoría, niñas. Reporta también que niños y niñas tienen el doble de probabilidades que los adultos de sufrir violencia durante la trata.
La naturaleza, operación y alcance de este crimen es complejo, pero aun así puede decirse que en general se conocen sus formas de operación y está suficientemente diagnosticado. Con todo y las enormes dificultades que existen para su prevención y combate, los Estados, y especialmente los Estados de manera coordinada, pueden y deben elevar sustancialmente sus resultados.
Mientras no se logre, una considerable proporción de nuestras niñas, niños y adolescentes estarán en riesgo de padecer una de las peores experiencias de maltrato y explotación, además de la inadmisible separación de sus padres, lo que se traduce en un sufrimiento sin límites para toda la familia.
Recuerdo vívidamente cuando, como responsable del Programa contra la Trata de Personas de la CNDH, hablaba periódicamente con familiares de las víctimas. Su dolor es tan hondo y permanente, que incluso las expresiones más habituales se tornan imposibles. Saludarlas con un sencillo “Cómo estás” parece fuera de lugar, y entre ellas mismas una felicitación de cumpleaños resulta impronunciable. Y es comprensible, porque su circunstancia significa un estado de vida inimaginable.
Frente a una realidad así, que en muchos hogares de muchos países se repite por miles y miles de casos, es evidente que no podemos resignarnos a que prevalezca la trata como si fuera inevitable.
Por lo tanto, los Estados nacionales, responsables de ofrecer seguridad y garantías de libertad a sus pobladores, están obligados a realizar su mayor y más eficaz esfuerzo, reuniendo las competencias y recursos de sus instituciones, cuya fuerza debe estar siempre por encima de cualquier recurso criminal.
Los Estados cuentan con formuladores de políticas públicas, con instituciones, estructuras y autoridades de gobierno y de procuración y administración de justicia; con capacidades de legislación y de cumplimiento de la ley; con instrumentos de inteligencia, incluyendo la financiera; con redes públicas y privadas de protección de la infancia, y con recursos públicos para reforzar a todas estas instancias, así como su operación conjunta.
Si no se asume que las capacidades de los Estados son y deben ser superiores a las capacidades y recursos de los tratantes, se estaría reconociendo lo contrario, lo que significaría una rendición, obviamente inaceptable.
Como sociedad, nos compete evitar la normalización de la trata. Como Estado y como individuos tenemos que repudiarla y condenarla y hacer cuanto podamos por erradicarla.
Especialista en derechos humanos. @mfarahg