Se ha escrito ya, pero vale la pena repetirlo: el proceso iniciado hace unos días por parte del oficialismo para escoger a su candidata es ilegal. Son tantas y tan burdas las violaciones a la ley que, como ha advertido Jorge Álvarez Maynez, podría deslegitimarse el proceso entero. Me quiero concentrar en una de estas violaciones que tiene profundas implicaciones en la configuración democrática de nuestros órganos de representación: el financiamiento electoral. Hay dos problemas fundamentales: el origen del financiamiento y la distorsión democrática que provocan.
Las campañas cuestan y mucho. Cualquiera que haya hecho un viaje o un evento pequeño podrá imaginar lo que cuesta recorrer todo el país y organizar eventos masivos diarios por tres meses. A esto habría que sumarle toda la publicidad en medios, redes, calles, etcétera, que ya ha inundado a todo el país con los nombres de las corcholatas, incluso antes de comenzar con el proceso de por sí anticipado.
A la fecha, no hay manera de rastrear legalmente las fuentes de financiamiento de las campañas de las corcholatas. Es decir, quién paga qué. Si se trata de dinero público que no proviene de un partido político, entonces es malversación de fondos; si es privado, igual es corrupción. El financiamiento privado de elecciones es corrupto por dos razones principales, la primera es que sugiere un arreglo quid pro quo entre el candidato y sus patrocinadores. En otras palabras, el candidato electo ofrece ciertos privilegios a sus patrocinadores a cambio de recursos para la campaña. Estos privilegios, por supuesto, son ilegales. Actualmente una enorme cantidad de literatura especializada y jurisprudencia señala los riesgos del financiamiento privado para la democracia.[1]
También se le considera corrupción porque distorsionan el proceso electoral por el simple hecho de que ya están en campaña. Recorriendo todo el país y en el centro de la opinión pública por meses, estos personajes adquieren una enorme ventaja frente a cualquier otro contendiente que quisiera competir eventualmente —a partir de noviembre, como marca la ley—. Nuestro sistema electoral busca evitar esa ventaja. Todo el proceso electoral que se avecina está regido por el principio de equidad en la contienda. Y una de las dimensiones de este principio consiste en impedir que alguno de los contendientes tenga alguna ventaja indebida. Por eso, el proceso electoral está minuciosamente normado, hay plazos y tiempos para todo: registro, precampaña y campaña. Las demás candidatas o candidatos potenciales —cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos— entrarán a la contienda real con una gran desventaja.
Además, esto afecta a los derechos de participación de la población el general. Una mayor exposición (pagada) distorsiona la percepción que los electores tienen de sus opciones. Con más recursos, la influencia de los candidatos en el espacio público se vuelve desproporcionada. El gasto tiene el potencial de determinar los resultados, por eso se regula. Si los candidatos usan recursos ilimitados para inundar medios, redes, mítines y todo el espacio público con su publicidad, entonces usted tendrá una percepción distorsionada sobre las opciones de la contienda real y sobre las posibilidades que tienen de ganar, su decisión podría no definirse mediante una reflexión informada sobre todas las opciones, sino por el poder que los candidatos tienen para comprar espacios en medios y redes. Así es como se vulneran nuestros derechos políticos: negándonos una contienda justa, sesgando la información que recibimos, manipulando nuestra percepción, violando la ley y sus principios democráticos.
Si la cantidad de dinero es la que decide quién va a ganar, entonces lo que vivimos es una farsa, una simulación: no sería cierto que vivimos en una democracia, sino en una plutocracia efectiva, en donde es el dinero —y no la voluntad de los gobernados—lo que determina quién nos gobierna.
Vaya paradoja: AMLO y MORENA siempre se quejaron de que no había cancha pareja en las elecciones y hoy están creando un entorno en donde el dinero podría determinar los resultados electorales.
@MartínVivanco
Abogado y analista político
[1] Dworkin, Ronald, “The Decision That Threatens Democracy”, The New York Review, mayo 2010, disponible en: https://www.nybooks.com/articles/2010/05/13/decision-threatens-democracy/?lp_txn_id=1268014
