La semana pasada, los diputados del PRIANPRD, Morena y sus aliados demostraron que no les interesa construir una democracia incluyente, que más bien quieren afianzar su partidocracia y perpetuar las estructuras de poder excluyentes. Acierta Jorge Álvarez Máynez cuando dice que la reforma constitucional que se pretende aprobar hace del Tribunal Electoral (TE) un “tribunal de chocolate”. Hoy no sabemos cómo terminará su reforma, sólo sabemos que quieren un tribunal supeditado a sus designios y a la tiranía de la ley que ellos aprueben. Se encendieron muchos focos rojos en esta discusión. La división de poderes, el sistema democrático representativo y los derechos político-electorales se tambalean. El blanco de ataques, nuevamente, es la justicia constitucional.
La justicia constitucional implica que todo acto o norma pueda ser sometida a escrutinio constitucional. Es decir, que los jueces a cargo de impartirla puedan hacer una operación de contraste entre el contenido de la norma, los diversos contenidos constitucionales y las convenciones internacionales. Si la primera contradice —ya sea porque restringe un derecho o lo viola directamente— a los segundos, entonces la norma secundaria será inconstitucional, deberá inaplicarse y, en su caso, ser expulsada del orden jurídico. Así, el TE está facultado para revisar todas las decisiones que tome cualquier operador que atente contra los derechos fundamentales y los límites constitucionales; incluidos, principalmente, los partidos políticos. No sólo esto, si los partidos toman una decisión que viole derechos políticos, el TE puede resolver el caso y establecer medidas para remediar la violación cometida.
Para ello, el TE revisa con cuidado el sentido de los mandatos constitucionales y los acuerdos internacionales sobre derechos. Por ejemplo, ¿qué significa “paridad de género” en materia electoral?, ¿cincuenta por ciento de las candidaturas o de las personas que efectivamente integren los órganos representativos? La ley no ofrecía una respuesta clara. Al presentarse la pregunta en un caso concreto donde había derechos políticos de por medio, el TE no se limitó a pronunciar la incompatibilidad constitucional de una decisión partidaria, sino que resolvió, bajo una interpretación del sentido de la norma constitucional, que debería ser el 50% de la conformación de las cámaras, a saber: el 50 por ciento en el resultado de las contiendas. Gracias a eso hoy tenemos asambleas legislativas paritarias. Porque en 2021 el TE modificó la asignación de curules a mujeres dentro de las listas plurinominales para garantizar paridad efectiva en la Cámara de Diputados: 250-250.
La reforma que se cocina —al momento que escribo estas líneas, los partidos avisaron que presentarán cambios a su reforma— pretende quitarle facultades al Tribunal. Si se mantiene lo principal de la propuesta, le quitarían la facultad de interpretar más allá de lo que estrictamente diga la ley electoral, esto es, de su literalidad. Quieren magistradas y magistrados robots, autómatas, que sean meros merolicos de lo que establecen los legisladores. Pretenden que el TE exista bajo el yugo del legislativo y que, si éste emite una norma electoral formalmente inconstitucional, se limite a declarar su inaplicabilidad, pero no a resolver el caso concreto para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos.
En el Código Napoleónico de 1804 había una disposición que expresamente prohibía a los jueces interpretar sus disposiciones. Teóricamente se fundamentó en la supuesta representatividad popular del legislador. El poder legislativo era el depositario incuestionable de la soberanía del pueblo, por tanto, las disposiciones que emanaran de él eran dictados del pueblo mismo y su sentido no debía ser distorsionado por alguien con toga y sin asidero popular. En realidad, lo que buscaba la prohibición era blindar los privilegios —encubiertos como derechos— de la nueva burguesía de la época. Hoy lo que se busca es atrincherar los privilegios patriarcales y el poder partidario. Esto se vuelve evidente con el respaldo descarado de todos los partidos (menos Movimiento Ciudadano). Así de sencillo, así de grave.
Abogado y analista político
@MartinVivanco