El discurso oficialista dice que la mal llamada reforma judicial “democratiza” la justicia. Se ha abusado tanto del término “democracia” que es difícil saber a qué se refiere la palabra. Los promoventes suponen que por darle a la ciudadanía la oportunidad de elegir a sus jueces, tendremos un poder más democrático. Se supone, también, que la “democratización del judicial” (en términos de los promoventes) automáticamente mejorará el acceso ciudadano a la justicia. Esto es falso.
En primer lugar, se puede cuestionar el hecho de que someter a juzgadores al voto popular sea una forma de democratizar la impartición de justicia. La democracia no se reduce a las formas electorales y, más bien, refiere a los mecanismos que empoderan a la ciudadanía y la protegen. Bajo esta luz, una auténtica democratización de la justicia implicaría algo muy distinto a lo que se propone y que realmente no atiende la reforma. Saúl López Noriega y Carlos Bravo Regidor, en conversación con Erika Mendoza Bergmans, mencionan tres formas en que se suele hablar de democratizar al judicial. (1) “Democratizar es hacer mucho más fácil el acceso a los tribunales”; (2) democratizar es ampliar el impacto de las sentencias, por ejemplo, que vaya más allá de las autoridades judiciales y alcance a las administrativas y (3) “hacer más expedita la resolución de los asuntos”.[1] Ninguno de estos tres aspectos se mejora realmente con la reforma. Quizá se atiendan los asuntos de manera más rápida, pero los incentivos están puestos para que aún en esos casos, no triunfe la justicia sino la popularidad de los discursos reinantes.
En este sentido, lo que hace la reforma no es democratizar la justicia, sino electoralizarla y politizarla, cuestión harto distinta.[2] Además, claro, de que quienes van a elegir no serán los ciudadanos sino los legisladores, el Ejecutivo, y la Corte, ya que sus integrantes definirán las listas de candidatos. Es decir, se trata de una elección indirecta. El poder lo tendrán quienes hacen las listas, no el pueblo. Y, a diferencia del relato que quieren hacernos creer, toda elección indirecta tiene un sesgo elitista.
El debate no es nuevo, viene de tiempo atrás. Como dice Fernando Escalante, a los liberales del siglo XIX les incomodaba el principio de soberanía popular “porque debían conceder el voto, por ejemplo, a masas de campesinos en cuyo discernimiento político no tenían mucha confianza”. La solución que encontraron fue precisamente el sistema de elección indirecta que “combinaba el sufragio universal con una elección hecha por los notables, en los colegios electorales”. Así, se hace una distinción entre “ciudadanos —todos— y electores —pocos—” gracias al mecanismo de elección indirecta. Los radicales de la época, Zarco y Ramírez, alegaban que eso era crear “ciudadanos a medias”, y que del sistema indirecto “resultaban elecciones que eran una burla para el pueblo”.[3]
Lo importante aquí es detectar la falsedad del discurso actual. Eso decían los radicales de la época porque era verdad: la elección indirecta fue una “solución aristocrática” que proviene de la desconfianza de las élites en el juicio de los ciudadanos.
Y es exactamente lo que están proponiendo Morena y sus aliados, no una democratización de la justicia, no la elección directa de los juzgadores por el pueblo, sino un mecanismo de poder para beneficiar a quienes son hoy la élite en el poder: ellos.
X: @MartinVivanco
Abogado y analista político
[1] Cfr. Saúl López Noriega y Carlos Bravo Regidor, “La Reforma Judicial y la Elección de Jueces”, El Juego de la Corte, min. 21:50: https://www.youtube.com/watch?v=bsgSZAk-Wq0
[2] Cfr. Carlos Bravo Regidor y Erika Mendoza Bergmans, “La Reforma Judicial y la Elección de Jueces”, El Juego de la Corte: https://www.youtube.com/watch?v=bsgSZAk-Wq0
[3] Escalante, Fernando, Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana en el primer siglo de su historia. Tratado de moral pública, El Colegio de México, 2021, p. 195.
