La semana pasada el presidente envió al Senado la terna para seleccionar a quien ocupará el lugar de Zaldívar en la SCJN. Se ha hablado mucho sobre la falta de idoneidad de las tres candidatas a la Corte. Los argumentos en contra de la terna apuntan a su notoria falta de imparcialidad. Las tres son cercanísimas al régimen. Sin embargo, lo que me interesa recalcar aquí es que una terna tan mala es posible gracias al procedimiento que rige la elección de las ministras y ministros. Es decir, el problema es el proceso constitucional, no la nominación.
Parto de la premisa madisoniana de que no nos gobiernan los ángeles.[1] En un mundo ideal, el presidente en turno no sólo propondría a quienes considera cercanas a su ideología, sino que enviaría a la mejor terna posible. Nominaría a mujeres y hombres con una robusta preparación jurídica, prestigio público y carácter propio de un verdadero juez o jueza constitucional. Pero no nos gobiernan ángeles, por lo que el propio andamiaje institucional debería estar diseñado para limitar el alcance de las ocurrencias de los gobernantes en turno. Es decir, algo tan importante, tan fundamental, como la nominación de un miembro de la Suprema Corte no debería estar sujeto a la voluntad y capricho de un solo hombre. Lamentablemente, en México, casi lo está.
El proceso para nombrar ministro o ministra es bastante sencillo: el presidente envía una terna de tres personas al Senado. Las nominadas deben ser abogadas y poco más. El Senado las cita a comparecer ante la Comisión de Justicia, se les interroga y se elabora un dictamen que se vota en el pleno. Si la terna es rechazada, el presidente puede enviar otra que sigue el mismo procedimiento. Si ésta es rechazada por segunda vez, el presidente nombra directamente a la ministra o ministro. No hay más.
No hay requisitos más robustos de elegibilidad —digamos, como en Italia, donde se pide que los candidatos sean magistrados de las jurisdicciones superiores, académicos en materia jurídica y abogados con veinte años de ejercicio—. Además, las comparecencias no están normadas (no hay un número mínimo a realizar ni un tiempo determinado para indagar en la vida profesional de los nominados), y, más aún, el presidente puede fraguar una estrategia para que la elección recaiga en él: puede mandar dos muy malas ternas (incluso con la misma integración) para que ambas sean rechazadas y así él pueda decidir directamente.
Tampoco tenemos una tradición política que favorezca el proceso de elección. En Estados Unidos, una vez hecha la nominación, ésta se envía al Comité Judicial del Senado (Senate Judiciary Committee). Este comité investiga a la persona nominada, suele tomarse un mes en hacerlo: revisa los registros del FBI y toda la información relevante sobre su historial. El comité realiza una serie de audiencias para entrevistar al nominado (en promedio toman dos meses). En ese tiempo, se presentan testigos a favor y en contra de la nominación. Los senadores hacen preguntas para evaluar las credenciales, la ideología, la trayectoria, la manera de tomar decisiones y otras cuestiones sobre el perfil del nominado. El comité realiza una votación interna que se envía en forma de recomendación al pleno del Senado. Así, el proceso es largo y profundo. El de México es tan endeble que actualmente tenemos a Yasmín Esquivel, una plagiaria, en la Corte. Suelen ser tan rápidos los procesos (fast track) que aquí la prensa no puede investigar a profundidad a los candidatos. Mientras tanto, en EE. UU. los periódicos más prestigiosos dedican páginas enteras al perfil del nominado o nominada. En pocas palabras: estamos en pañales.
Me temo que a medida en que la polarización crezca, vamos a tener más y más de este tipo de nombramientos. No podemos pedirle peras al olmo, no le podemos pedir a un populista que deje de serlo y entre de pronto al reino de la imparcialidad y se comporte como un estadista. Lo que sí podemos hacer es modificar el proceso para la elección de las ministras y ministros.
Quienes tienen a su cargo defender la Constitución precisan de un temple y de una preparación que les permita leer la Constitución de forma abierta y adecuada, deben de tener nociones de filosofía política, de economía, de historia, y deben entender el peso de sus decisiones en una sociedad en donde la norma es la injusticia y la desigualdad. Hay herramientas normativas para garantizar estas cualidades en quienes pretendan ser ministras o ministros. Usémoslas.
Abogado y analista político
X: @MartinVivanco