Una característica de los Estados modernos es que reclaman para sí el monopolio de la fuerza legítima. Es el Estado, a través de sus agentes, quien puede desplegar violencia en una sociedad.
A ese poderosísimo ente que nosotros mismos construimos para vivir en comunidad, nosotros también le hemos impuesto ciertos límites. Atamos a los poderosos porque sabemos que la naturaleza del poder es expandirse, desbordarse, corromperse. A esa violencia que ejerce mediante balas, uniformes y cuerpos; le pusimos leyes, procesos e instituciones de por medio.
De ahí nace el debido proceso legal. Si el estado quiere privar de un bien o de un derecho, debe seguir un procedimiento. Debe decirle al gobernado qué es lo que quiere hacer y por qué. Debe escucharlo, permitir que cuente su versión de los hechos y que la defienda. Y sobre todo, debe actuar siempre con cautela, con precaución, bajo el entendido de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Vale para muchas áreas del derecho, pero más para la penal en donde el brazo estatal nos puede privar de lo más valioso que tenemos: la libertad.
No sé si hemos reparado en el tamaño del arma que pusimos en manos del Estado. Ese Leviatán puede sacarnos de nuestra casa, de nuestro entorno y meternos dentro de cuatro paredes. Las cárceles, como diría Foucault, no son meras edificaciones de convivencia, sino la representación más arquetípica del poder del Estado. Ahí no se va a vivir, sino a ser dominado. Más bien, ahí es donde se nos recuerda que el Estado puede llegar a ser la mera dominación de unos sobre otros.
La persecución contra 31 científicos del Conacyt nos recuerda esto. El hecho de por sí es grave: 31 personas acusadas de delitos gravísimos por hechos que no encajan en las respectivas hipótesis. ¿Cómo justificar que la tarea de unos académicos califica como “delincuencia organizada”? Ésta es una hipérbole que causa tanta alarma porque no cuadra con el sentido común. Tampoco sintoniza con el sentido jurídico: van dos jueces que rechazan la pretensión de la fiscalía y el vehículo financiero que se utilizó para cometer los supuestos “delitos” ha sido declarado válido por nuestra Suprema Corte.
Sin embargo, lo que más quiero subrayar es cómo dejamos que nuestros órganos de representación popular insertaran una figura propia de regímenes autoritarios en nuestra Constitución. A todas y todos los acusados por delincuencia organizada se les puede aplicar la figura de prisión preventiva oficiosa. Es decir, mientras se lleva el proceso penal, y antes de que se dicte sentencia, los señalados podrían estar tras las rejas. Aun siendo inocente existe la posibilidad de privar a alguien de su libertad sólo por el hecho de señalar que su conducta —probablemente— encaja en un tipo penal.
Si el Estado ya tenía en la mano una metralleta, le dimos un tanque. ¿Por qué hicimos eso? Y hablo de “nosotros” porque se supone que los órganos de representación…nos representan. Una mayoría de legisladores aprobaron esto. Dieron su anuencia para que el Estado encarcele a inocentes. Facilitaron las herramientas para que todos andemos temerosos ante el poderoso.
La figura de la prisión preventiva de oficio oscurece nuestra cultura constitucional. Es un ejemplo de derecho penal del enemigo. En una palabra: a ciertas personas incómodas al sistema se les aplica un régimen jurídico de excepción. El principio bajo el cual todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, aplica en México a medias. Aplica a quienes no incomodan, no incordian. Si eres incómodo, te aplicarán otras reglas, otras normas, en donde el poderoso tiene mano.
Todo orden jurídico moderno debe limitar el poder, no expandirlo. El derecho penal del enemigo incrustado en el documento que garantizar nuestros derechos y libertades, no es sólo una contradicción, sino una aberración cuyos efectos son más que reales. No veamos lo que pasa como algo ajeno y lejano a nosotros: a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede caer en la mira del poder y ser encarcelado. Si no me creen, pregúntenle a uno de los 31 investigadores perseguidos.
@MartinVivanco
Abogado y analista político
