Elegir a los jueces por voto popular es una mala idea. Bolivia es el único país en dónde los jueces y ministros nacionales se eligen así y el experimento salió mal. Los jueces se plegaron ante el Ejecutivo, al grado de avalar la segunda reelección de Evo Morales, aun y cuando la Constitución lo prohibía expresamente. Además, como ya se ha dicho, si el problema de fondo es que tenemos un Poder Judicial corrupto; elegir a los jueces no resuelve nada. La corrupción en el Judicial deriva de su diseño y de los incentivos que genera. Es un tema de sistema, no de personas. Cambiar la forma en que las personas llegan al puesto no resolvería los problemas sistémicos. En cambio, como ha apuntado Ana Laura Magaloni, la inseguridad jurídica que causaría sería enorme.[1] ¿Quién invertiría en un país donde se van a cambiar a todos los jueces federales y locales en un año; y sin garantía alguna de que tengan el mínimo de competencias técnicas?
Me interesa añadir que, además, generaría lo contrario a lo que busca la 4T. Lo que busca son jueces inactivos, deferentes ante las mayorías legislativas. Quieren a puras Lenias Batres que se dobleguen a las mayorías, aun cuando la Constitución diga otra cosa. Pues bien, de elegir a los jueces podrían generar un efecto en la dirección contraria. Hoy los jueces no tienen legitimidad política. Su poder no deriva de la voluntad popular. ¿Significa esto que no tienen legitimidad? Claro que no. Tan la tienen que su poder no es menor: pueden echar para abajo leyes que contradigan la Constitución. Leyes emanadas del Poder Legislativo, éste sí con legitimidad popular. Lo que les da ese poder es la Constitución y las leyes. Tienen, pues, legitimidad constitucional. De ahí que se tengan que sujetar a lo que marcan sus principios y reglas. Las y los jueces no operan —por lo general— en el reino de la discrecionalidad, sino en espacios colmados de normas de todo tipo. Esos espacios normativos constriñen su actuar. Abra cualquier ley y se dará cuenta de que hay reglas para todo.
Hoy los jueces saben que la aplicación de esa ley y de la Constitución es lo que legitima sus decisiones. Saben que tienen el poder de la coacción, saben que una sentencia le modifica la vida a alguien, aún a costa de su voluntad. Las dictan, pues, sabedores de que su poder deriva de la validez de la Constitución. Saben que los derechos fundamentales garantizados universalmente ahí son la encarnación del principio más fundamental de la convivencia humana: la igualdad. Los derechos fundamentales a todos protegen, se adscriben a todos, garantizan a todos. Ahora bien, si se cambia la fuente de legitimación, podría cambiar el actuar de los jueces.
Los jueces de la 4T no tendrían como referente legitimador a la Constitución, sino a las urnas. Y si lo que se busca es la justicia, pero se deben a la voluntad popular, no hay ataduras legales. Esos espacios de los que hablé antes no serían normativos, sino de discrecionalidad, de voluntad. La urna le gana a la ley. Su legitimidad deriva de un acto de poder y no de uno de saber (como diría Ferrajoli). No deben conocer el derecho y aplicar la norma jurídica al caso concreto, sino conformarse a un ideal electorero de justicia, porque eso es lo que el pueblo clama y ellos tienen ese mandato. Así, bien podrían decidir de las formas más estrambóticas posibles. Podrían hacer a un lado la ley y la Constitución y decidir conforme a su intuición o sus creencias. No estoy exagerando: el intuicionismo en su momento fue una teoría de la justicia aceptada. Entonces, si ellos intuyen que el imputado es culpable, pues por qué le aplicarían las reglas del debido proceso. Es más fácil y da mejor fama encarcelarlo y ya. Si ellos creen que la vida empieza desde la concepción —y además fueron electos en un territorio donde así lo cree también la mayoría—, nada les impediría hacer de lado los derechos reproductivos y meter a la cárcel a la mujer que aborte, aunque el acto no esté penado en tal o cual entidad.
Vaya paradoja: la elección popular de jueces, magistrados y ministros derivó del enojo que causó que echaran leyes para abajo, bajo argumentos constitucionales. Querían jueces formalistas, apegados a la letra de la nueva ley, autómatas de la 4T. Pero posiblemente generen a los jueces más activistas de la historia mexicana. Ni a la ley se sujetarán. Para qué si ellos tienen mandato directo del pueblo. Lo repito: es una mala idea, por donde se la vea.
Abogado y analista político
X: @MartinVivanco
[1] Es la Hora de Opinar, 10 de junio de 2024, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2_Xc6jOtB2U&ab_channel=NM%C3%A1s
