En los estatutos de Morena no aparece la figura de la encuesta para elegir a los dirigentes del partido. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que ese fuera el método para tal elección.
Para justificar una decisión carente de fundamento jurídico, el Tribunal se apoyó en la existencia de la encuesta como instrumento estatutario para seleccionar sus candidaturas uninominales.
Ciertamente, a partir de ese precepto estatutario, Morena desarrolló una experiencia interesante, que le permitió sistematizar la práctica de las encuestas para determinar a sus candidatos para los procesos electorales federales y locales de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
La encuesta que hoy desarrollan el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral poco tienen que ver con esa experiencia.
En su Asamblea Nacional Constitutiva, el 26 de enero de 2014, Morena incorporó en sus Estatutos un apartado sobre los procesos internos para determinar las candidaturas. Ahí estableció la diferenciación entre el método del sorteo para seleccionar las candidaturas plurinominales y el método de la encuesta para escoger candidaturas uninominales.
Junto con el método de la encuesta se incorpora al estatuto la creación de un Comité de Encuestas, siendo esta una decisión clave. Morena resuelve realizar sus encuestas, no contratarlas.
Entre 2015 y 2018, Morena no contrata una sola encuesta a empresas privadas. Todas ellas, varios cientos, las realiza un equipo profesional, por cierto formado por José Barberán.
Se considera que las empresas encuestadoras forman parte de un mercado altamente sensible a las necesidades políticas de sus contratantes. El año 2012 fue rico en ejemplos. Alrededor de una sola elección local había tantas encuestas como candidatos triunfadores. Cada candidato de cada partido podía exhibir la encuesta de su empresa encuestadora favorita que le daba la victoria.
En el caso de la elección presidencial, casi todas las encuestadoras se alinearon con el candidato del PRI, compitiendo por ofrecerle los mejores números. Las encuestas de entonces no sirvieron para saber quién iba ganando; más bien fueron utilizadas para construir la percepción de una gran ventaja inexistente.
Pocos creían, y menos sabían, que la competencia presidencial en realidad estaba muy pareja.
El caso extremo fue el de la empresa GEA-ISA, que dibujó una contienda en la que el puntero llevaba una ventaja de entre 20 y 25 puntos, desde que arrancó la campaña y hasta unos días antes de la jornada electoral. El resultado de la elección reveló que no era cierta tal ventaja.
El principio que predominó, y que llevó a una fuerte crisis de credibilidad a diversas encuestadoras, fue la vieja regla del que paga manda. La lógica del dinero y no la objetividad rigurosa es la que privó.
De optar por la alternativa de contratar a empresas encuestadoras privadas para seleccionar a sus candidatos, Morena habría arriesgado a que se produjera un entendimiento entre aspirantes con recursos y dueños de las empresas encuestadoras. Por eso Morena hizo su propio Comité de Encuestas y su propio equipo encuestador con financiamiento partidario.
Ante un proceso interno podría aparecer un resultado de una casa encuestadora aquí y otro allá. Pero sólo tenía validez la encuesta que hacía el Comité de Morena. Así se impidió que penetrara la lógica del dinero. Ojalá se recupere y no se olvide esa formidable experiencia histórica.
Senador de la República
