La extorsión es un delito de alto impacto que afecta el patrimonio, la salud y la estabilidad emocional de las personas. De acuerdo con el Inegi, en México ha incrementado su incidencia en los últimos 19 años.
En este sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública señala que durante 2017 se cometieron 6.6 millones de extorsiones.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también en 2017, este delito ocupó el quinto lugar con más carpetas de investigación iniciadas desde que se tienen cifras oficiales, con 5 mil 649 carpetas de investigación.
Ya para 2019, los reportes de empresarios adheridos a la Coparmex que fueron víctimas de la delincuencia, aumentaron en un 23.6 por ciento, entre extorsiones, robos fraudes, secuestros y daño a establecimientos.
Lo anterior hace necesario que los distintos órdenes de gobierno tomen medidas para mitigar este flagelo. Por lo que toca al Legislativo presenté una iniciativa para incluir la extorsión en el catálogo de delitos graves incluido en el Artículo 19 de la Constitución.
El efecto de esta medida sería aplicar la prisión preventiva oficiosa a los acusados de extorsión porque actualmente, al no ser considerado delito grave, los extorsionadores salen fácilmente de la cárcel y siguen afectando a la sociedad.
En torno a esta iniciativa se ha polemizado resaltando los casos de las extorsiones que se realizan desde los reclusorios. En efecto, esto sucede. Sin embargo, es sólo una modalidad de extorsión.
En la actualidad uno de las tipos más graves de este delito es el llamado “cobro de derecho de piso”; donde el delincuente le pide a su víctima que le entregue cierta cantidad de dinero a cambio de no afectar sus propiedades, negocios o familiares. Esta actividad la realizan personas en libertad y así dan cuenta diversos reportes noticiosos de medios como EL UNIVERSAL.
Sin embargo, hay más modalidades. Entre ellas los casos en los que funcionarios públicos exigen dinero a cambio de agilizar un trámite o realizar una gestión. También están los casos de chantaje sexual en redes sociales y teléfonos celulares en donde se amenaza a las víctimas con publicar fotos o videos íntimos.
Limitar o encasillar el tema de la extorsión a su modalidad telefónica es irresponsable. Se trata de un delito que afecta a todas las clases y sectores sociales y que tiene entre sus principales víctimas a los grupos más vulnerables como personas adultas mayores y mujeres.
Integrar a la extorsión en el listado de delitos graves y evitar que quienes cometen este delito enfrenten sus procesos en libertad tendría un impacto positivo no sólo en la seguridad pública, también en el tema del combate a la corrupción que es una de las prioridades del actual gobierno federal y ayudaría a frenar la violencia de género que es una de las más sentidas exigencias de la sociedad.
Se trata de un tema urgente y transversal en donde todos los Poderes y niveles de gobierno tienen cosas que hacer. Al Legislativo le toca hacer leyes que sirvan como instrumento a las autoridades y como protección a la ciudadanía. Tipificar a la extorsión como delito grave debe ser uno de los temas prioritarios para el periodo legislativo que inicia en febrero.
Senador de la República
