Las niñas, niños y adolescentes suelen ser una población invisibilizada. Se piensa, desde el mundo adulto, que, por su edad y etapa de vida, no siempre tienen la capacidad o la madurez suficiente. Sin embargo, se les suele tratar desde la propia expectativa y visión que tiene una persona adulta.
Estas concepciones escalan desde el principal núcleo, que es la familia, hasta el ente más grande que tenemos como organización social, que es el Estado. No obstante, no debemos olvidar algo fundamental, las niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos y como tal, se deben generar todos los mecanismos posibles para que puedan disfrutar y ejercer esos derechos en el presente.
México ha sido pionero en esto, y en 2014 publicó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece una serie de preceptos mínimos que se deben de tomar en cuenta para poder garantizar los derechos de la niñez. De igual forma, a través de la Ley se establecieron mecanismos únicos de coordinación de diferentes entes a nivel federal, estatal e inclusive municipal para que diversas instituciones de gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil pudieran trabajar de la mano por la niñez del país, conocidos como Sistema Nacional y Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La relevancia de la Ley y sus mecanismos no es menor, considerando que en el país viven 38 millones de menores de 18 años —cantidad que equivale a la población total de Polonia—. Sin embargo, las y los adultos en México tenemos una deuda enorme con millones de niñas y niños, con quienes son supervivientes de violencia —cada día 37 viven violencia física—, con quienes lastimosamente han sido asesinados —cada día asesinan a 7—, con quienes están desaparecidos, con quienes deben trabajar a temprana edad para ayudar en el hogar —existen 3 millones trabajando—, con quienes viven en condiciones de pobreza —casi 20 millones vive en pobreza—, con quienes no pueden aún reincorporarse a la escuela, con quienes son forzados a migrar, con quienes son obligadas a casarse o a tener hijos, la lista es larga y dolorosa.
Lamentablemente estas deudas son consecuencia de las decisiones tomadas por el mundo adulto, decisiones de no protegerles, decisiones de no mejorar sus entornos, de no impulsar oportunidades de desarrollo o simplemente de no escucharles ni generar un diálogo e interacción con ellas y ellos.
La deuda crecerá y seguramente tomará factura en algunos años, pero podemos actuar si realmente tenemos la voluntad.
En casa podemos promover una crianza sin violencia, ni chanclazos, ni castigo, en su lugar anteponiendo el amor, la ternura, el aprendizaje y la escucha.
En la comunidad, dejando de normalizar comportamientos que les minimizan como colectivo, podemos iniciar reflexionado frases como “no entienden son niños”, “no le creas, las niñas mienten”.
Y a nivel gobierno, no desamparando los mecanismos de protección y garantía de derechos ya existentes como los SIPINNA, no solo a nivel político, sino también a nivel presupuestario, ya que lamentablemente en los últimos años los mecanismos creados por la Ley, así como políticas públicas dirigidas a la niñez, han recibido recortes presupuestarios importantes.
La niñez no solamente es el futuro es el presente también y lo que no hagamos ahora por ellas y ellos, nos dejará en deuda eterna.
