Enjuiciar a Trump por segunda ocasión demostró ser un error político. Los demócratas sabían que no tendrían los votos necesarios. La prepotencia de saberse mayoría derrotó esta vez. El palo de ciego empoderó a Trump al ostentarse no culpable por segunda ocasión. Su reacción, aun sin Twitter, fue acusar a Mitch McConnel, líder de la minoría republicana en el Senado, de ser un “pirata político”. El líder votó en contra no por considerar a Trump inocente, sino por estimar que no procedía el juicio político (impeachment) contra quien no detenta el cargo.
Trump es uno de esos malos políticos, buenos para traicionar a sus aliados. McConnel fue artífice del legado más importante que deja Trump. Ni los 74 millones de votos, ni 43 senadores que se negaron a enjuiciarlo, ni los representantes republicanos en la Cámara, ni gobernadores afines, tendrán la capacidad de defender a Trump como los jueces federales y los ministros de la Suprema Corte.
La Casa Blanca de Trump nominó a 245 (25%) de los jueces federales y a tres integrantes de la Suprema Corte —33% de la integración actual. Los primeros son muy importantes en la vida económica y jurídica. Se ocupan de dirimir conflictos ligados a leyes federales, aunque atienden asuntos locales, cuando las partes involucradas son de diferentes estados. se ocupan de asuntos que involucran a gobiernos extranjeros y de patentes, quiebras y derechos de autor.
Los jueces nombrados por Trump confirmados gracias a McConnel fueron seleccionados entre conservadores para preservar la agenda centro-derecha. No son soldados que atienden órdenes en tanto existe la independencia judicial, pero sus resoluciones harán que las propuestas de Biden enfrenten un muro más consistente que el que Trump quiso construir para aislarse de México.
Los jueces federales son designados de por vida. Actualmente, 76% son hombres, 84% son blancos y todos los nombrados son conservadores como lo confirman las resoluciones emitidas por quienes seguían la carrera judicial; las causas que han defendido como abogados postulantes, los artículos que han escrito los dedicados a la investigación académica o las clases que han impartido en las universidades.
Los demócratas tienen en su poder la Casa Blanca, no obstante el Senado está empatado con los republicanos, por lo que la vicepresidenta Kamala Harris tendrá que decidir con su voto, como presidenta del Senado, las votaciones igualadas. Esta insignificante mayoría demócrata podría perderse en las elecciones intermedias, en que tradicionalmente la oposición recupera curules.
La Suprema Corte, que define el rumbo constitucional de Estados Unidos, con la nueva integración la agenda liberal enfrentará una apabullante mayoría conservadora. De los nueve integrantes, seis son declarados conservadores. Uno de ellos, John Roberts, el Chief Justice, dejará su papel de fiel de la balanza, ejercido antes de las nominaciones de Trump cuando la Corte estaba empatada: cuatro liberales por cuatro conservadores. Ahora con solo tres liberales, las dos mujeres Sonia Sotomayor y Elena Kagan y Stephen Breyer, el voto del presidente de la Corte no hará diferencia. La ola conservadora se quedará durante muchos años fijando rumbos ideológicos.
Los demócratas tendrán que reaccionar para evitar que la agenda liberal tome el curso que llevó a Biden a la Casa Blanca. No han tenido históricamente mayor interés por el poder judicial. Tanto Clinton como Obama fueron remisos en la nominación de jueces federales. El profesor Erwin Chemerinsky, rector de la Universidad de California (Berkeley), ha planteado que los demócratas tendrán que incrementar el número de tribunales y juzgados para restaurar el balance ideológico. La última expansión del poder judicial federal ocurrió hace más de treinta años. El país ha cambiado sustancialmente.
Trump a la vista con aliados como los jueces federales y los ministros conservadores de la Suprema Corte. Sin necesidad de hacer política orientarán el destino de Estados Unidos en las décadas por venir.
Profesor de la UNAM