La 4T lanzó un nuevo embate al Poder Judicial de la Federación. Iniciativas del Grupo Parlamentario de Morena buscan recortar el presupuesto que habrá de asignarse para 2024 y además cancelar fideicomisos que efectivamente respaldan un trato especial para los funcionarios judiciales federales, incluidos los ministros, consejeros, magistrados y jueces y también otros funcionarios medios y burocracia judicial en general.
El recorte que se pretende es exorbitante: 24 mil millones de pesos que llevarían al escenario financiero de 2015. Es de tal manera irracional que desaparecerían, según estudio hecho por EL UNIVERSAL, 63% de los juzgados de distrito y 69% de los tribunales colegiados de circuito. Los juzgados federales se reducirían de 737 a 461 y los tribunales colegiados de 910 a 627. Además del rezago que se generaría, habría un despido masivo de personas.
Los diputados morenistas pretenden recortar 14 de los 15 fideicomisos que vulnerarían la independencia judicial. Este atributo es indispensable para garantizar la legalidad y la constitucionalidad del poder público. Sin jueces, la republica estaría perdida.
Independientemente del análisis del recorte presupuestal de la cancelación de los fideicomisos, lo relevante es la afectación que sufriría un poder que ha mostrado en los meses, una autonomía digna de una sociedad democrática.
Como contraste a lo que proyectan hacer con el sistema judicial federal, en Estados Unidos un juez federal, del mismo rango a los jueces de distrito que en México pretenden retirar, tomó una decisión que le da la razón internacional a México en una controversia con el Estado de Texas y su gobernador Greg Abbott —ese sí un conservador de a davis. El juez determinó que la barrera que se colocó en el río Bravo, (o Río Grande River) se quite.
El juez decidió en una medida cautelar que Texas retire mil pies de una barrera de boyas enormes, del tamaño de una bola de demolición, por constituir una amenaza a la vida humana, pero también por violar una ley federal estadounidense que prohíbe la instalación de estructuras en ríos navegables, sin la autorización de la autoridad federal, pero más relevante para México, determinar que esta barrera daña las relaciones México-Estados Unidos.
La decisión de juez federal tuvo a la vista sin duda las notas diplomáticas enviadas por la canciller Alicia Bárcena, en una actuación acorde a la tradición internacional de México de dignidad y firmeza. Inicialmente las boyas estaban del lado mexicano; a reclamación mexicana, el gobernador texano las llevó al lado estadounidense, pero la petición es que las retiren. La canciller declaró que México esperaba la decisión del juez federal, la misma que acaba de emitirse y que hará que el 15 de septiembre, un día antes de nuestra celebración de Independencia, las boyas estén fuera del agua.
Mientras esperamos y confiamos en las decisiones judiciales federales del extranjero, aquí entre nosotros el Presidente no solamente insulta a ministros y jueces, sino que les quieren regatear y retirar los apoyos que por la Constitución se le deben al poder judicial. Así se establece la obligación constitucional del Presidente: “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones” (Art.89 fr. XII). El antónimo de facilitar es dificultar.
