El año empieza con buenos propósitos y buenas conciencias. El Poder Judicial de la Federación no se quedó atrás. El presidente de la Suprema Corte declaró grandilocuentemente que “La Corte ha sido y seguirá siendo el Tribunal Constitucional del Estado mexicano. El poder equilibrador, autónomo e independiente que nuestra democracia constitucional exige.” Si bien esperanzadora la segunda frase, la primera está revestida de cierta demagogia innecesaria para la democracia constitucional que el propio Arturo Zaldívar invoca.
El presidente de la Corte declaró que ese órgano recibió en 2021 más de 12,000 asuntos, lo que no es para presumir. Habría que revisar si un auténtico tribunal constitucional debe seguir atendiendo tantas cuestiones de legalidad y trámites administrativos. Si de algo vale el Derecho comparado veamos: en el ejercicio 2021-2022, la Suprema Corte de Estados Unidos atenderá 56 casos, el Tribunal Constitucional español en 2021 dictó 59 resoluciones.
En Estados Unidos con las tres nominaciones de Trump, la Suprema Corte se volvió mayoritariamente conservadora. Biden, ante la arrasadora ola conservadora que pretende revertir medidas históricas como la legalidad del aborto, creó una comisión de reforma judicial que por lo pronto sugiere que los cargos de los integrantes (justicias) de esa Corte ya no sean vitalicios, sino que concluyan a los 18 años de su gestión. Además, que la Corte aumente su número con lo que la mayoría conservadora podría quedar en desventaja frente a los liberales que Biden designe.
Los Estados Unidos que andan en busca de modelos de Derecho comparado deberían mirar a México, algo se les puede enseñar. Varias soluciones mexicanas les resultarían de utilidad: el término de la gestión es de 15 años; el nombramiento del presidente de la Corte lo hacen los mismos ministros entre ellos, mientras en EU es el presidente del país el que nombra al Chief Justice que puede o no ser integrante de la Suprema Corte, lo que podría lastimar la independencia judicial.
El presidente de la Suprema Corte anunció recientemente una conferencia en la Universidad Iberoamericana titulada La Gran Reforma Judicial de 2021. La reforma perdió su grandiosidad con el intento abortado de prolongar dos años la gestión del presidente de la Corte, al tiempo que el presidente declaró que Zaldívar era el único que podría conducirla. AMLO no solo lastimó al presidente de la Corte, a los demás ministras y ministro y a la misma Corte, sino contaminó la reforma.
Una gran reforma judicial debió haber atendido cuestiones más profundas: la supresión de la presidencia compartida de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura lo que lastima uno de los principios jurídicos indiscutibles: “nadie puede ser juez y parte (Nemo esse judex in sua causa potest), la primera garantía judicial de imparcialidad.
Otra reforma sería que el Tribunal Constitucional se dedique exclusivamente cuestiones constitucionales y no a la morralla jurídica y administrativa que ocupa parte del tiempo y energía de los ministros. Al mismo tiempo, la creación de un Tribunal Superior de la Federación que atienda, en última instancia, las cuestiones legales y quede subordinado al Consejo de la Judicatura Federal, como están los demás tribunales y juzgados federales.
Sin buenos jueces no habrá democracia posible.
Consejero fundador del Consejo de la Judicatura Federal.
@DrMarioMelgarA
