El presidente se mira desesperado y anuncia nuevos planes alternos. Llegamos así, después de la anulación de los planes A y B al siguiente: el Plan C. Consiste en una iniciativa de reforma constitucional a fin de que los ministros sean electos por el pueblo, como lo estableció, según el presidente, la Constitución de 1857.
La desesperación del presidente le impide conocer de mejor manera un asunto de tal relevancia que resulta escandaloso para la salud de la República la ignorancia que revisten sus intenciones reformadoras. No es este un asunto nuevo, ni su propuesta algo que no haya sido analizado y examinado durante más de un siglo y desechado por contravenir valores democráticos, como la independencia de los juzgadores y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
Conforme a la Constitución de 1857 los cargos de los ministros eran electivos, pero de manera indirecta. No los elegía el pueblo directamente, como supone el presidente, sino por juntas electorales en un sistema que probó ser una tontería, por eso se abandonó a poco de implantarlo. Don Emilio Rabasa lo planteó así hace más de cien años: “Esta forma de nombramiento de los ministros de la Corte, ni es una necesidad lógica, ni puede racionalmente llevarse a la práctica, y si se pudiera, conduciría a los peores resultados. La teoría la reprueba, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representan la voluntad de las mayorías, y los magistrados (ministros) no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia”.
Si la claridad de Rabasa no es suficiente, Daniel Cosío Villegas, uno de los historiadores más reconocidos lo planteó de esta manera: “ (…) desde un punto de vista jurídico-formal es incuestionable que Rabasa está en lo justo: la elección popular es un malísimo sistema para designar a los magistrados de la Corte”.
Los inconvenientes de una elección popular de los ministros son varios y de peso completo. Los ciudadanos que votarían por los ministros no tendrían suficiente información sobre quién tiene mejor perfil, quién hizo mejor campaña, quién consiguió mayores recursos o peor aún, qué partido político o qué organización empresarial los postula. ¿Qué oferta política harían los candidatos a ministro? ¿Cómo conciliar la independencia judicial con una campaña política cuya esencia es garantizar la dependencia? ¿No acaso es un ideal que los representantes populares se deban a sus electores?
Si bien el actual sistema de elección de los ministros es perfectible, particularmente por la inconsecuencia del sistema de ternas, lo cierto es que las propuestas que ha hecho el presidente y las designaciones a cargo del Senado han probado su pertinencia. Algunos ministros propuestos por AMLO tomaron la decisión de actuar conforme a la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y no atender las exigencias políticas de quien los propuso para el cargo. Entre la solidaridad y la supuesta lealtad a quien los propuso, eligieron a México.
El presidente está desesperado, no se entiende de otra manera que califique a los funcionarios judiciales que votaron en contra como pandilla de rufianes. Expresión que además de lastimar a los integrantes de la Suprema Corte mancha nuestra historia política.
