Mi admiración a Claudia Ruiz Massieu, talento y valentía.
El país espera la elección presidencial de 2024, como si en ello fuera el futuro de la patria. El camino a esa elección tendrá una escala en 2023: la renovación de los gobiernos de los estados de México y de Coahuila. Sin embargo, en el mismo año, aunque no tan en el radar general, el país será testigo de otras dos elecciones cruciales. En ellas estarán en juego la autonomía del Poder Judicial de la Federación y la independencia de ministros, magistrados y jueces; así como la autonomía universitaria, imprescindible en la democracia mexicana.
En ambas elecciones no hay participación directa del pueblo, lo que no significa que no sean elecciones democráticas. La incógnita es si se utilizarán los métodos de la 4T para apoderarse de las instituciones, o si se permitirán las reglas institucionales para renovar la presidencia de la Suprema Corte y de la rectoría de la UNAM.
Después de una intentona absurda y pueril del gobierno por prolongar dos años más la gestión del actual presidente de la Corte, los ministros habrán de decidir a quién encomiendan la representación del órgano, pero también la del Poder Judicial Federal en su conjunto, en tanto se ha mantenido la absurda disposición constitucional de conferir al presidente de la Suprema Corte la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.
La designación del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal la hará el Pleno de la Suprema Corte, una vez que, en las votaciones, seguramente reñidas, la mayoría de ministros y ministras decidirán quién será la cabeza judicial en los próximos cuatro años improrrogables.
En la UNAM concluye la gestión del rector Enrique Graue después de dos periodos de cuatro años, en tanto la legislación universitaria permite una reelección del así llamado legalmente jefe nato de la institución. La agitación que ha afectado a varios planteles universitarios por pretextos, en su gran mayoría extrauniversitarios, deriva ya de intereses políticos ligados a la sucesión rectoral de 2023. La designación del rector corre a cargo de la Junta de Gobierno, autoridad universitaria encargada de la designación.
En los tiempos que corren, renace la tentación de alterar las reglas universitarias para decidir en quién recaerá la responsabilidad de conducir a la Universidad Nacional. Es altamente probable que vuelvan a escucharse las voces y gritos de quienes estiman que debería ser una asamblea a mano alzada la responsable de designar a las autoridades universitarias, en primer lugar al rector. No sería buena idea para la república cancelar las reglas de la Ley Orgánica y de la legislación universitaria en aras de una Cuarta Transformación (4T) universitaria.
En la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaremos la influencia del presidente de la República al haber designado algunas ministras y ministros que actúan como alfiles o peones. En la UNAM la Junta de Gobierno garantizará la autonomía universitaria.
Nunca como ahora, en un país casi convulso, resulta indispensable garantizar la autonomía universitaria y con igual o mayor razón preservar la autonomía judicial y la independencia de ministros, magistrados y jueces.
