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Los asideros institucionales de la República son la prensa, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Este último ha sufrido embates en tanto guardián de la constitucionalidad. Vulnerarlo es un crimen político de dimensión insospechada.
La llegada al poder del bloque, imaginariamente de izquierda, encabezado por el presidente López Obrador, ha mostrado inesperadamente, un pertinaz combate a instituciones diseñadas para proteger la democracia. El Poder Judicial de la Federación ha recibido múltiples ataques del gobierno. El más reciente por los alcances que pudiera tener la reforma judicial, además del transitorio maldito que prolongaría la gestión del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Expertos constitucionalistas han alertado sobre la afectación de la autonomía de los órganos jurisdiccionales y la independencia de los jueces.
El tema es controversial. Como consejero fundador de la Judicatura Federal y autor de un libro sobre la materia, estoy convencido que este órgano, creado constitucionalmente para la vigilancia, disciplina y carrera judicial, deberá asumir su independencia política y funcional de la Suprema Corte. Para empezar, separar ambas presidencias y evitar que el presidente de la Corte lo sea también del Consejo.
Más allá de su destino, es incuestionable que el Consejo no ha podido desarrollar su misión desde que Genaro Góngora, entonces ministro presidente de la Suprema Corte, de infausta memoria por su vergonzosa conducta personal siendo hombre público, no entendió el papel que la reforma judicial de 1995 le había asignado al Consejo de la Judicatura Federal.
Con o sin razón jurídica (eso lo resolverá el Juez de Distrito) pero con el rigor que debe caracterizar a las instituciones académicas, la Escuela Libre de Derecho ha presentado un amparo contra la expedición y promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial.
La Libre, como se le conoce, ha solicitado la protección de la justicia federal por considerar que hay violaciones constitucionales: No respetar el debido proceso respecto del control y vigilancia de la Judicatura, establecer cláusulas habilitantes para reglamentar facultades y procesos que deberían estar previstos en leyes, permitir la designación de jueces a través de un órgano sin garantías de autonomía, permitir adscripciones sin respetar las garantías de independencia judicial, permitir injerencias indebidas en el nombramiento del personal.
La centenaria Libre de Derecho es el alma máter de Arturo Zaldívar, el controvertido presidente de la Corte, como de los diestros ministros Fernando Franco y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Institución de excelencia, considerada conservadora, ha iniciado una revolución al vincular la academia con los asuntos públicos. Independientemente del resultado jurisdiccional, lo relevante es la participación real de instituciones académicas en los problemas nacionales. No solo con propuestas académicas formales sino políticamente comprometidas. Una respuesta a la vieja aspiración de conectar la academia con la vida nacional.
La Libre puede perder el amparo, pero ha ganado la admiración ciudadana.
@DrMarioMelgarA
