Ni siquiera en los peores excesos del autoritarismo mexicano se vio tal ataque a la división de poderes. Más allá de lo que ocurra con la Ley de la Industria Eléctrica, lo que se juega en el conflicto federal Poder Ejecutivo Federal vs Poder Judicial es el destino del país. Denigrar a un juez federal podría confirmar la lamentable institucionalización de la autarquía.
El Poder Judicial tiene la encomienda constitucional de ser el equilibrio de los poderes. Debe controlar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución. Los jueces tienen el deber de hacer justicia, sin tomar en cuenta el entorno social o político, en base a la legislación aplicable. Tienen que decidir y decir el derecho. Así lo hizo el juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro, por lo que mereció insultos presidenciales, que muestran desprecio a principios básicos en cualquier régimen constitucional. La palabra presidencial no puede pronunciarse impunemente, sin consecuencias políticas y hasta históricas.
En respuesta a las declaraciones presidenciales, Arturo Zaldívar emitió un tuit: “Las y los jueces actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”. El problema escaló aún más por una comunicación de AMLO a Zaldívar.
La comunicación de siete párrafos contiene solo uno con sentido jurídico: solicita que el Consejo determine “si a la autoridad judicial le correspondía o no aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”. La petición presidencial no tiene sustento. El Consejo de la Judicatura no tiene facultad constitucional para revisar las resoluciones judiciales, tiene de hecho una prohibición. No es una segunda suprema corte de justicia. Su función es la administración, disciplina, vigilancia, gobierno y carrera judicial, pero no puede pronunciarse sobre cuestiones jurisdiccionales. De hacerlo violaría gravemente la Constitución al vulnerar la independencia judicial que debe preservar. Para ello existen los recursos que la ley establece, a los que deben someterse las partes en un litigio, así una de ellas sea tan poderosa, como el presidente de la República, que no por vivir en Palacio está por encima de la ley o del Poder Judicial Federal.
El contenido restante de su carta es la repetición de los machacones ataques a quienes ha convertido en sus villanos favoritos: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, Claudio X. González. De manera inexplicable ataca al ministro en retiro José Ramón Cosío, quien viene dejando notables huellas en la academia, la judicatura y el periodismo.
En contestación a la comunicación presidencial, Zaldívar reitera que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar para que juezas y jueces actúen en un marco de autonomía e independencia.
El presidente quiere emular a Donald Trump. Éste al iniciar su gestión tuvo un desplante similar. Trump declaró ante resoluciones judiciales que no favorecían sus intereses, que “eran los jueces de Obama”. El Chief Justice Roberts, no obstante su declarada filiación ideológica conservadora, declaró que no había jueces de Obama, de Bush o de Clinton “lo que tenemos es un extraordinario grupo de jueces dedicados que son lo mejor de su nivel para conferir derechos a quienes comparecen ante ellos”.
La independencia judicial es no solamente una garantía constitucional sino un elemento crucial de la democracia, el estado de Derecho y la separación de poderes. El atentado presidencial contra la independencia judicial compromete la salud política de la nación y nos acerca a un régimen autoritario que el país decidió abandonar hace décadas, sin intención alguna de lo que podía ser un regreso sin gloria.
Consejero fundador del Consejo de la Judicatura Federal
