A Mela en su cumpleaños y en mi recuerdo.
La designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia se volvió asunto político a partir de 1994, cuando se convirtió en tribunal constitucional. Antes, la Corte hacía como que era autónoma y los ministros como que eran independientes. El presidente de la Corte era designado por el presidente de la República, duraba un año y era su comparsa en los actos protocolarios. Se llegó al extremo de que un presidente (JLP) designó a un presidente de la Suprema Corte (Carlos del Río) como representante del Ejecutivo en la toma de posesión de un mandatario sudamericano. La división de poderes era solo un lema prisionero del autoritarismo siempre al acecho, ayer como hoy.
Este año concluye la gestión de Arturo Zaldívar, caracterizada por su cercanía con el presidente López Obrador. Fue tan estrecha la relación AZ-AMLO que el presidente llegó a afirmar que había propuesto ampliar dos años la gestión de Zaldívar en la Corte, porque era el único capaz de llevar adelante los proyectos de la 4T.
Además de ir expresamente en contra de la Constitución, fue un trato injusto a los demás ministros, algunas y alguno propuestos por el mismo presidente. Desde entonces Zaldívar perdió la independencia inherente a su cargo. El foro, la academia y la opinión pública ya emitieron su veredicto sobre la gestión de Zaldívar y la historia judicial del país tomó debida nota.
La regla constitucional es que los ministros designen, en reunión plenaria, por mayoría, a quien será su presidente por cuatro años improrrogables. El designado ocupará no solo el cargo de cabeza de la Suprema Corte sino también —por una inconsistencia constitucional— la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Un trabajo doble, Corte y Consejo, y doblemente complicado.
La incalificable descalificación del Poder Judicial Federal que hizo el Presidente desde que tomó posesión, cuando ni siquiera saludó, en la toma de posesión, la presencia del presidente de la Corte (Luis María Aguilar). Una descortesía intencional, anticipo de lo que seguiría: ataques, injurias, diatribas, mentiras, advertencias, amenazas contra jueces y ministros. Todo eso sin que el representante del poder hubiera levantado la voz de defensa a la que obligaba la decencia política y la responsabilidad que le confirió el Pleno.
Seis ministros en sesión plenaria habrán de elegir al próximo presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Habrá la presión del gobierno federal para que se trate de alguien dócil al presidente. Las quinielas están en juego: está presente el peso del género, en tanto se antoja de avanzada una mujer en el cargo. Se menciona igualmente que ya existe candidato oficial: el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, si hubiera que definirlo se diría que es gobiernista.
La palabra la tendrán, no obstante, seis ministros. Por cortesía política los candidatos no votan por sí mismos, pero como eso no está prohibido es altamente probable que cada uno de los candidatos tenga al menos un voto.
Nunca en la historia de la Suprema Corte se hace necesario como ahora, fijar el territorio que le corresponde ocupar al Poder Judicial de la Federación frente a los otros dos poderes. La vida democrática y el Estado de Derecho dependerán de la elección que haga el Pleno de la Corte. Se dan dos escenarios: una presidencia alineada al Poder Ejecutivo, comprometida política e ideológicamente con AMLO y otra que asegure la supremacía constitucional y la división de poderes. El Pleno en una encrucijada.