Los países son tan grandes o tan pequeños como sus instituciones. No habría Roma sin la gloria del Derecho Romano, sus acueductos, sus instituciones republicanas. El fracaso soviético es atribuible al sistema estalinista. Las buenas instituciones dan rumbo, certeza, libertad y permiten que florezca lo mejor del espíritu. Las instituciones deficientes impiden que florezca la libertad.
Cuando se les ataca y vulnera se atenta contra la república. No hay sistema político viable sin instituciones que lo sostengan. Mientras el cambio consista en destruir lo que aconseja la ocurrencia cotidiana, se transita hacia la autarquía, a la destrucción de la democracia, a la negación de derechos fundamentales. Por eso la transformación sin rumbo es una chifladura.
El ataque de AMLO a las instituciones es la ruta hacia la concentración del poder. El plan a seguir pareciera ser centralizar en el ejecutivo a los poderes legislativo y judicial. El primero es el brazo operador de AMLO; el judicial, por el contrario, ha mostrado autonomía, por ello los ataques a sus integrantes. La ampliación de la gestión del presidente de la Corte muestra el intento autárquico, lo que de concretarse será además de una violación constitucional, un agravio a la democracia.
La afectación más evidente es a los órganos constitucionales autónomos. Éstos surgieron para garantizar pesos y contrapesos, cuando la división tradicional dejó de operar en plenitud. No bastaba la Constitución: “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo...” (Art.49).
México se incorporó entonces a una corriente internacional de modernidad política, al desafiar el modelo clásico de la división de poderes. Por ello, surgieron instituciones que son parte del Estado, los órganos autónomos sin depender de los poderes clásicos, logran un equilibrio basado en controles externos, ajenos al poder unipersonal del presidente. Son la representación de un constitucionalismo moderno que garantizaría una mejor gestión pública.
AMLO no tolera a los órganos constitucionales autónomos. Si fuera beisbol le gustaría ser el cuarto bate, pero de los dos equipos enfrentados. Por ello las vicisitudes del Banco de México que existe desde 1993 y que garantiza la estabilidad monetaria. Las amenazas al Instituto Nacional Electoral, creado en 1996, que organiza y garantiza elecciones libres. A la CNDH que desde 1999 protegía los derechos humanos, AMLO le impuso una incondicional, después de haber calumniado injustamente a su presidente.
La lista de las instituciones a las que no respeta, a pesar de estar consignadas en la Constitución es amplia: Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Inegi, Coneval. La Fiscalía General de la República, también un organismo autónomo en teoría, es evidente que sigue dependiendo del presidente.
La respuesta que podría darse a la amenaza de “Al diablo con sus instituciones” sería en la misma lógica rijosa: “Al diablo con la 4T”. Sin embargo, la mejor respuesta institucional será siempre el ejercicio de los derechos políticos: 6 de junio a la vista.
Profesor de la UNAM.
@DrMarioMelgarA
