Hay un debate que no logra resolverse: qué debe prevalecer en una sociedad que aspira a la democracia: jueces que resuelvan conforme a la ley o jueces que actúen políticamente. En México, el debate lo reanimó el presidente desde su llegada al Palacio, al criticar sistemáticamente al Poder Judicial en su conjunto: “salvo honrosas excepciones”, por ser un poder conservador y conceder amparos contra programas de la 4T. Las ternas propuestas por AMLO para cubrir las vacantes de la Suprema Corte se componen de sus abogados favoritos. Que los ministros o ministras ya con su toga decidan volverse independientes y resolver en conciencia es otra papeleta.
En Estados Unidos el debate política vs. justicia se ha agudizado con el anuncio del retiro de la Corte del Justice Stephen Breyer. Contrasta su decisión con la renuencia a retirarse, a pesar de su avanzada edad, de la rock star judicial Ruth Bader Ginsburg. De nada valió la sugerencia que le formulara el presidente Obama para hacerlo, o el terrible cáncer contra el que luchó denodadamente durante años, o la expectativa de millones de demócratas que veían en su salida la oportunidad de que Obama propusiera a otro juez liberal. Al aferrarse a la silla y finalmente morir, logró que Trump la sustituyera con Amy Coney Barret, que ahora forma parte del invencible bloque de seis conservadores.
En México política vs. justicia se puso a prueba con la reciente votación de la Suprema Corte mexicana sobre la inconstitucionalidad o no de la pregunta sobre el proceso de revocación del mandato: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
La pregunta es contraria a lo que significa la figura jurídica de la revocación del mandato. El ministro Alberto Pérez Dayán lo expuso contundentemente al señalar que la hipótesis de la pregunta (permanecer en el cargo) intercepta la elección de 2018. La permanencia en el cargo no es algo que deba preguntarse, pues ésta se “extiende estrictamente hasta el 30 de septiembre de 2024, no más, —insisto no más, —a menos que se interrumpa como resultado de una real y genuina revocación de mandato, y no de una simulación o remedo de ella”, concluyó el ministro.
A pesar del impecable proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que obtuvo la mayoría, cuatro ministros votaron por la constitucionalidad de lo que es evidentemente inconstitucional, impidiendo con ello que prevaleciera la justicia y, por el contrario, triunfara la política. Con la decisión de los cuatro ministros cercanos a AMLO, no se reunieron los ocho votos que establece la Constitución y la pregunta se mantendrá en sus tendenciosos términos.
Resulta ilustrativo que el último voto del asunto, en contra de la mayoría de siete ministros, fuera precisamente el decisorio, el de Arturo Záldivar, presidente de la Suprema Corte. Queda claro con este ejemplo que en los tiempos que corren la presidencia de la Suprema Corte está del lado del presidente y no necesariamente de la justicia constitucional, como lo sabe ya la política y como lo lamenta el foro mexicano.
Algo debería componerse en la Constitución para evitar que cuatro votos cancelen lo que estima una mayoría de siete, como ocurrió en este asunto.
Ex-Consejero Fundador del Consejo de la Judicatura Federal.
@DrMarioMelgarA
