La ilusión de que el presidente de México demande al abogado de Genaro García Luna por un supuesto daño moral es un despropósito que muestra ignorancia en cuestiones elementales. De darse pondría al titular del Ejecutivo Federal bajo la jurisdicción de un juez extranjero, lo que vulneraría la soberanía nacional y hasta la dignidad presidencial. Alguien en el equipo jurídico tiene que explicarle al presidente que no puede someterse a los designios y órdenes de algún juez de Nueva York.
En una mañanera reciente el presidente declaró que está haciendo una consulta para interponer una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. De manera ambigua dijo también que “No es Andrés Manuel, es el presidente de México” aun cuando más adelante señaló que no sabe si la denuncia la hará Andrés Manuel o el presidente de México, cuando ambos son la misma persona. Adujo que como no tiene dinero para pagar un abogado, “puede ser que encuentre un abogado” de los que “cobran un porcentaje”. Alguien de la audiencia le ayudó diciendo equivocadamente que sería un abogado pro bono con lo él que estuvo de acuerdo, confundiendo el carácter de abogado pro bono con lo que en la jerga abogadil mexicana se conoce como “a resultas”.
La confusión es asombrosa. En Estados Unidos no encontrará abogado a resultas porque no existen. En México algunos abogados que aceptan ir “a resultas de un juicio”, debido a que la defensoría pública es, en términos generales, una institución incipiente. Los abogados pro bono realizan su asesoría jurídica en forma gratuita.
Ahora, en cuanto al eventual resultado del juicio, el presidente está ya haciendo, como dicen los rancheros, pando el borrego, al tener ya destinada la indemnización que supuestamente recibiría para aliviar a los familiares de las víctimas de la guerra contra el narco que encabezó el presidente Calderón . Habría que tomar en consideración además que los abogados en Estados Unidos y concretamente en Nueva York gozan de una protección e inmunidad, conocida como litigation privilege. Este privilegio, de explorado derecho, consiste en la inmunidad absoluta que se le otorga a los litigantes sobre cualquier declaración que hayan formulado en juicio en defensa de su cliente. De manera que, si el abogado de García Luna hubiera hecho algún comentario, como lo hizo, en un supuesto daño moral a Andrés Manuel López Obrador, y tal comentario hubiera sido relevante para el proceso en cuestión, la denuncia de AMLO o del presidente como decidiera hacerlo, estaría muerta al momento de presentarla. Ni siquiera sería considerada. Algo distinto hubiera sido si lo mismo lo hubiera expresado el abogado de García Luna ante la prensa o los medios.
De seguir adelante con la idea de la demanda el presidente de México enfrentaría un problema mucho más serio que la insolvencia financiera para cubrir los gastos del juicio. Sometería a la institución presidencial a la jurisdicción de un funcionario (el juez de la causa) extranjero. Podría darle al presidente de México instrucciones diversas o hacerlo comparecer personalmente con apercibimientos de penas por incumplimiento.
No obstante, lo realmente inconveniente, inadecuado y peligroso sería ver al presidente de México bajo la jurisdicción y dependencia de un juez de un país extranjero. El presidente nombra con la aprobación del Senado a embajadores y cónsules y dirige la política exterior. Impensable que con esas facultades se vea sometido a lo que pudiera ordenarle un juez de la ciudad de Nueva York.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.
