La reforma judicial en boga es una buena reforma. Hubiera sido el primer y único logro del gobierno. No merecía caer en el tráfago de las ambiciones del poder. El 33 por ciento de los diputados, o de los senadores, o de los integrantes de las legislaturas locales plantearán una acción de inconstitucionalidad en contra. Será la propia Corte la que tenga que resolver la ampliación de la gestión de su presidente. Todo dependerá del voto de diez ministros.
Los ministros tendrán que decidir cuál norma prevalece: una de rango constitucional que establece que cada cuatro años, el Pleno elegirá al Presidente de la Corte, el cual no puede ser reelecto para el período inmediato posterior, la otra, un transitorio legal dice que se ampliaría por dos años el mandato del presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a la teoría jurídica más básica, la contradicción entre una norma constitucional y un transitorio de una ley se resuelve a favor de la norma de mayor jerarquía.
Los integrantes de la Suprema Corte, cuya tarea esencial proteger la Constitución no deberían tener problema en resolver tan sencilla ecuación. Si fuera póker se enunciaría de esta manera: norma constitucional mata transitorio legal.
No obstante, no será tan simple. La Suprema Corte está integrada por 11 ministros. Se requiere una mayoría de cuando menos 8 votos para declarar la invalidez del artículo transitorio. La Suprema Corte tiene un complejo elenco de integrantes. La llamada vieja guardia está integrada por los ministros Fernando Franco, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar: la ya no tan vieja por los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek fueron propuestos por el presidente Peña Nieto, designados por el Senado en 2015, de manera que fueron los últimos antes de que llegaran las nominaciones de la 4T. De los once ministros tres fueron propuestos por el presidente López Obrador y designados por el Senado: Juan González Alcántara, Ana Margarita Ríos y Yasmín Esquivel.
Arturo Zaldívar, el presidente de la Corte, se excusaría de votar apegándose a la disposición que le impide participar en una decisión que le afecta personalmente. La comunidad jurídica ha clamado por que Arturo Zaldívar, nominado por Felipe Calderón, no acepte la prórroga. Él ha expresado razones técnicas para no pronunciarse en un debate que ante los medios es de carácter político. Se daría el caso de que no se escucharía jamás la opinión del presidente de la Corte, que ha sido hasta este momento un jurista reconocido y probo.
Entre los diez ministros se requieren 8 votos para declarar la invalidez. Si los tres nominados por AMLO votan a favor de la violación constitucional, eso bastaría para que se mantuviera firme. No obstante, uno de ellos podría ser el fiel de la balanza. Ya Juan González Alcántara rechazó —según escribió Jorge Carpizo— la extensión de su mandato que se le propuso como presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF. Si González Alcántara mantuviera esa posición (no extender el mandato) junto con los demás, los ministros previos a la 4T, cumplieran con su protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la gestión del presidente de la Corte quedaría acotada a término constitucional y lo más importante para la República, prevalecería el Estado de Derecho y la supremacía constitucional.
Consejero fundador del Consejo de la Judicatura Federal.
@DrMarioMelgarA
