Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario. —José María Morelos
Son muchas las instituciones que estorban a la 4T, además la lista crecerá en los dos años que todavía faltan. El orden público, la conciliación, el respeto a los derechos de todos, las instituciones que enmarcan la vida social, económica y política, las leyes, el orden jurídico, la concordia, la paz son los enemigos del populismo que no ve más allá de las preferencias electorales y el grado de aceptación del caudillo.
Entre todos los embates que se han dado a la división de poderes, INE, UNAM, Conacyt, CIDE, CRE, gremio médico, Poder Judicial de la Federación, T-MEC, Iglesia católica y los que se acumulen, nada resultaría más pernicioso que cancelar el Amparo, el medio de defensa de los mexicanos, utilizado hace casi 200 años contra los actos arbitrarios de las autoridades.
Los diputados de Morena prepararon una espeluznante iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Es la respuesta que han dado ante el alud de amparos que particulares, empresas y grupos de la ciudadanía han promovido ante las violaciones a la Constitución y las leyes. Se pretende cancelar la figura de la suspensión cuyo objeto es detener actos indebidos. Evitar que se ejecuten actos violatorios de leyes o de la Constitución para detener los daños de difícil o imposible reparación. Con la suspensión se mantiene viva la materia del amparo, como lo señala la Constitución General de la República.
(En la Iniciativa tratan de sustentar su propuesta en la Constitución Nacional —terminología franquista—, lo que muestra el desconocimiento de cuestiones elementales del sistema federal mexicano: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es Nacional, eso no existe, es federal; los Estados y la CDMX tienen sus propias constituciones).
La reforma señala que no procede la suspensión en materia de amparo para “los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes del dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo”. Así de grave es la propuesta.
En 1836, el país abandonó la Constitución federal de 1824 y regresó al sistema centralista con la creación de un súper poder llamado el Supremo Poder Conservador que tenía facultades desmedidas. Ni siquiera en ese momento, los verdaderos conservadores de México se atrevieron a proponer algo similar. Por el contrario, establecieron que el Poder Legislativo o la Suprema Corte tenían la “obligación de declarar nulos los actos del Poder Ejecutivo cuando fueran contrarios a la Constitución o a las leyes”.
Nada peor podría pasarle a la República que perder el escudo ciudadano ante el poder público. El amparo, una de las instituciones del Alma Mexicana, está asediado nada menos que por los representantes que ejercen el mandato popular en el Congreso de la Unión. Se trata de vulnerar el juicio de amparo que ha sido el valladar, el escudo protector, con que la ciudadanía se defiende del poder público cuando este se excede y vulnera el orden jurídico.
No se entendería la historia del país sin el juicio de amparo. Si el Congreso de la Unión desecha la iniciativa, ésta ingresara al lugar de honor del archivo de las tonterías jurídicas, pero si en un acto demencial la aprueban entraremos al escabroso terreno de la dictadura auténtica, la que no tiene límites, contra la que no hay defensa ciudadana posible.
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