Casos como el de Walmart de México llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno a promover reformas legales que, entre otros cambios, tipifican la defraudación fiscal como delito grave que amerita cárcel.
La mayor cadena comercial del país buscó evadir el pago de impuestos correspondiente a la venta de sus restaurantes Vips a Alsea, en 2013, mediante argucias fiscales y legales. Finalmente tuvo que pagarlos, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación la puso contra las cuerdas.
El método de negociación de los abogados y fiscalistas de Walmart fue de la siguiente manera: “Estamos dispuestos a pagarles 500 millones de pesos, no más; y si no, vamos a un juicio que va a durar décadas”. El condicionamiento llegó a oídos del presidente López Obrador, quien pidió a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y al procurador Carlos Romero, proceder contra la empresa.
La semana pasada, el Presidente refirió en su conferencia matutina otra escena de esta negociación. “Me acuerdo que hablé con un empresario de un corporativo estadounidense. Le dije: ‘no han pagado algo así como 10 mil millones de pesos’. Entonces me dice: ‘sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, Presidente, si les ayudamos con despensas’?”, reveló López Obrador entre carcajadas.
Esa empresa es Walmart de México, que en mayo de 2020 informó que llegó a un acuerdo con el SAT para pagar 8 mil 79 millones de pesos por impuestos atrasados. Esto fue producto de la operación con la que el SAT y la Procuraduría Fiscal recuperaron 50 mil millones de pesos de 15 grandes empresas en 2020.
Otros corporativos que pagaron sus adeudos fueron FEMSA, IBM y Grupo Carso, entre otras. Todas arrastraban retrasos y litigios fiscales multimillonarios que finalmente aceptaron saldar para evitar consecuencias penales.
El pago que hizo Walmart al fisco mexicano equivale a apenas 1% de los ingresos anuales en 2019. Esta situación y las amenazas de los abogados de la cadena de autoservicios inyectaron gasolina a López Obrador para proceder contra ellos.
En una situación similar, o peor, está Interjet, la aerolínea que fundó la familia Alemán y que está a punto de la quiebra. La empresa arrastra adeudos con el SAT superiores a 3 mil millones de pesos.
El 8 de febrero adelantamos en este espacio que la Procuraduría Fiscal interpuso una denuncia por un adeudo de 78 millones de pesos correspondiente al ejercicio de 2018. No obstante, las querellas van a seguir presentándose por otras evasiones fiscales en años posteriores, incluidos los periodos diciembre 2020 y lo que va de 2021, cuando la empresa cambió de manos a Alejandro del Valle.
Esta operación fue por demás opaca. Supuestamente se le inyectaron 150 millones de dólares a Interjet para su capitalización, sin embargo, los recursos no han sido transferidos, toda vez que estaban condicionados a una condonación de impuestos.
La respuesta del presidente López Obrador a Miguel Alemán Magnani y a su padre Miguel Alemán Velasco fue contundente. “Lo más que puedo hacer es darles tiempo para que paguen, pero no podemos condonarles impuestos”, les soltó el Presidente.
Lo que siguió fue una serie de demandas de amparo por parte de Interjet y luego la venta de la empresa. La orden para proceder contra quienes no paguen impuestos ha venido del propio Presidente, quien, sin importar que los empresarios sean parte de su Consejo Asesor Empresarial, les ha pedido que paguen o enfrenten las consecuencias.
El ataque sistemático a los medios
México fue considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en 2020, de acuerdo con organizaciones de diferentes partes del mundo. Reporteros Sin Fronteras, que vela por la libertad de prensa, recientemente presentó su informe en el que nos coloca como la nación donde existe mayor riesgo y vulnerabilidad luego de que al menos ocho periodistas fueron asesinados durante el último año. Este grupo surgió en 1985 en Montpellier, Francia, para buscar defender a los informadores en riesgo de ejercer su profesión.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, expuso que el último año se registraron 14 periodistas desaparecidos en México. A su vez, Artículo 19, organización fundada en 1987 en Londres, Inglaterra, expuso en su último informe que existieron ataques sistemáticos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el marco de la pandemia por el Covid-19. Los activistas exigieron al Estado mexicano acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar su protección en la crisis actual.
Los integrantes de estas organizaciones también comienzan a ver con preocupación la forma cómo se pretende afectar la libertad de expresión en México desde el mismo gobierno, ya no sólo a través del ataque directo en contra de los periodistas, sino en contra de los medios de comunicación, en específico en contra de los dueños de estos. Este es otro tipo de violencia que también atenta contra la libertad de expresión. Así se perciben los ataques del gobierno federal en las conferencias matutinas contra los grupos editoriales.
Para estas organizaciones, no es casualidad que los señalamientos sean en contra de los medios de mayor penetración, así como a los que tienen a los periodistas más críticos de la actual administración, como si se pretendiera que sean los dueños de los medios quienes marquen una línea editorial a sus periodistas. Incluso los ‘blogueros’ pertenecientes a la RedAmlo, encabezada por el vocero presidencial Jesús Ramírez, constantemente atacan a los dueños de los medios con información falsa. Ejemplo de ello es la constante difusión de información relativa a los supuestos beneficios económicos que recibieron en las administraciones pasadas. Asimismo, se presentan datos no confirmados en contra de los medios que se dan como verídicos. Estas acciones preocupan a las organizaciones protectoras de periodistas debido a que se está buscando afectar el ejercicio periodístico.
@MarioMal
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