La historia de Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República (FGR) dará un giro a partir de hoy, que el juez de control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga , rechace la sexta solicitud de prórroga para que el exdirector general de Pemex aporte pruebas de las denuncias que hizo en contra de 70 personas.
Un año y cuatro meses ha tenido que esperar la FGR para decidir si otorga o niega el criterio de oportunidad a uno de los íconos de la corrupción del sexenio pasado, cuyo padre acordó con el fiscal Alejandro Gertz Manero un trato privilegiado para su hijo, en tanto reunía los elementos probatorios para incriminar a por lo menos 17 de los 70 denunciados por Lozoya en julio del año pasado.
El tiempo terminó alcanzando al fiscal Gertz y el caso no aguanta más. La gota que derramó el vaso fue la cena de Lozoya y amigos en el Hunan, el pasado 9 de octubre, que hizo estallar una bomba mediática y el clamor social; además, desató el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador , quien llevaba tiempo criticando públicamente que el asunto se había tardado mucho en avanzar.
Lo interesante de la audiencia de hoy es que podría ser pública, es decir que tanto los medios de comunicación como cualquier persona tendría oportunidad de ver cómo el juez de control del Reclusorio Norte niega una ampliación de la investigación complementaria, dando paso a que en los siguientes 15 días se presenten formalmente las acusaciones por parte de la FGR por cohecho, corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa, con las que se dejaría finalmente a Lozoya en la cárcel.
El caso, sin embargo, dará mucho más de qué hablar. Tras el cierre de la investigación y el juicio contra Lozoya, las siete decenas de personas que fueron denunciadas por el exdirector de Pemex, y estigmatizadas públicamente por el presidente López Obrador, buscarán una reparación del daño.
El contraataque de los exlegisladores, exsecretarios de Estado, expresidentes de la República y otros funcionarios y periodistas que fueron acusados por Lozoya, vendrá una vez que se le dicte sentencia. Por lo menos los 17 denunciados, y a quienes la FGR investigó a profundidad, preparan ya demandas por daño moral, no sólo contra el exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto , sino contra el Presidente, quien en sus conferencias habló varias veces del caso y lo tomó como verdadero para denunciar la “corrupción del pasado” y justificar su contrarreforma en el sector energético.
En cosa de un mes, Lozoya podría estar siendo sentenciado y sus denuncias desechadas. Al presidente López Obrador y a su gobierno le habría servido casi año y medio para fustigar a sus opositores y a quienes considera los “corruptos de los gobiernos pasados”; también para intentar llamar a juicio a la mente maestra del sexenio anterior, Luis Videgaray , a quien nunca le lograron integrar un expediente que pudiera judicializarse.
Emilio Lozoya, además, se queda con una lista interminable de enemigos a los que accedió a denunciar ante la FGR, en parte por revanchas personales y también por la presión de las autoridades. Dentro o fuera de la cárcel, el otrora poderoso director de Pemex e inversionista insaciable, no podrá vivir tranquilo sabiendo que afectó a por lo menos 70 personas.
El final del juicio de Emilio Lozoya, que fue usado burdamente de forma política por López Obrador, terminará también con el exilio obligado de muchos políticos y exfuncionarios que prefirieron mirar desde el exterior –desde España o Estados Unidos–, cómo se les acusaba públicamente, y cómo Lozoya se hundía más y más, traicionado incluso por sus “amigos” y funcionarios de su primer círculo en Pemex, quienes, para salvar su pellejo, se pusieron a disposición de la Fiscalía para decir lo que quisieran que se dijera en las declaraciones.
El caso de Emilio Lozoya pudo ser emblemático para la 4T y su combate a la corrupción, pero terminó siendo el que dio al traste con la credibilidad de la FGR y del propio Presidente.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
