Empresas públicas, organismos autónomos y universidades estatales colocaron en la bolsa de valores cientos de millones de pesos a través de intermediarios financieros que resultaron en minusvalías y presuntos fraudes, los cuales fueron investigados por las autoridades del sector y apuntan a ser castigados por la Fiscalía General de la República.
Ayer la FGR confirmó la vinculación a proceso de un primer funcionario relacionado con las inversiones que dependencias públicas realizaron en instrumentos bursátiles. Estas tienen décadas operando y se maximizaron durante el sexenio actual, toleradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Juan Pablo Graf.
En agosto pasado revelamos aquí la colocación de unos 10 mil millones de pesos provenientes del erario que empresas públicas y organismos autónomos hicieron en la bolsa de valores a través de intermediarios como Corafi, del empresario René Dávila de la Vega, y Grupo Escorfin, de Roberto Guzmán García, en contra de las leyes en materia de administración de recursos públicos.
El primer caso que logró judicializar la FGR es el de la empresa pública Liconsa, incorporada a Segalmex, que es encabezada por el amigo del presidente López Obrador, Ignacio Ovalle. De esta empresa se tomaron, según la Fiscalía, unos 100 millones de pesos para invertir en instrumentos de CI Casa de Bolsa, la división bursátil de CI Banco.
Fueron 800 millones de pesos los que Liconsa colocó en la Bolsa a través de la financiera Corafi, los cuales fueron autorizados por el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias, organismo creado para esta empresa en el gobierno de Vicente Fox.
Dicho Comité fue constituido por el Órgano de Gobierno de Liconsa mediante Acuerdo 64/IX/01, emitido en su sesión Ordinaria número 281, celebrada el día 19 de septiembre de 2001. Se trata de un órgano colegiado que, según sus estatutos, se integra por un presidente, en este caso el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira, a quien la FGR vinculó a proceso este martes. También participan la Secretaría Ejecutiva, depositada en el subdirector de la Tesorería General, Rafael Domínguez, y cinco vocales propietarios encabezados por el director comercial de Liconsa, Manuel Lozano.
Asimismo, se incluyen tres asesores del Comité Central de Inversiones, representados en este caso por la titular de la Unidad Interna de Control, Blanca Leticia Ocampo; el titular de la Unidad Jurídica, Carlos Antonio Dávila, y el subdirector de Contabilidad General, Enrique Becerra. Por este tema, hasta el momento sólo el UAF y presidente del órgano colegiado, René Gavira, ha sido vinculado a proceso por el presunto delito de uso de ilícito de atribuciones y facultades.
Los 800 millones de pesos que se señalaron como daño al erario ya fueron retornados en su totalidad a la Tesorería de la Federación, tras la intervención del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para concretar un convenio de pagos provenientes de las financieras involucradas y de la casa de bolsa.
La reparación del daño es la prioridad de este gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el siguiente paso será recuperar otros 9 mil millones de pesos de recursos públicos que se encuentran en los mercados, y que, al igual que en el caso de Liconsa, deberán regresar a las arcas de la administración pública.
El anuncio de la vinculación a proceso de un personaje clave en Segalmex se da en el contexto de una semana en la que a la FGR le urgen resultados.
Posdata. Por Semana Santa, esta columna volverá a publicarse el 19 abril.
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