La llegada de Andrés Manuel López Obrador y la 4T a la Presidencia modificó no sólo las formas de ejercer el poder, también los criterios jurídicos y constitucionales de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero respecto a la legitimidad que tiene el Congreso de la Unión para promover una controversia constitucional contra los decretos del Ejecutivo.
A mediados de esta semana, la ahora presidenta de la Mesa Directiva del Senado publicó en sus redes sociales una justificación para no impugnar, como Senado de la República y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el decreto que declara de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, el cual busca blindar del escrutinio público los procesos de construcción del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas, entre muchas otras obras, además de allanarles el camino para la obtención inmediata de cualquier permiso reglamentario.
La senadora Sánchez Cordero escribió que “conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”, y remató asegurando que “en tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”.
De esta manera, la ministra buscó lavarse las manos de un tema que los expertos han calificado como una aberración legal, además de un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. En tan sólo dos mensajes de Twitter, que no llegan a 600 caracteres, plasmó una postura jurídica que pone en riesgo su prestigio y su carrera judicial, pues se opone completamente al criterio que hace una década la entonces ministra estableció y promovió para lograr que el Congreso de la Unión, concretamente el Senado, pudiera impugnar el decreto del presidente Felipe Calderón para materializar el denominado apagón analógico.
Hablamos de las controversias constitucionales 73/2010 y 74/2010, promovidas por las Cámaras de Senadores y de Diputados ante el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010. Sánchez Cardero fue la ministra encargada de construir el proyecto de resolución para determinar, primero, si el Congreso tenía interés legítimo para interponer estos recursos contra el decreto presidencial, y después si resultaba procedente la anulación del mismo.
De acuerdo con la versión estenográfica de la sesión del 10 de noviembre de 2011 en el Pleno de la Corte, la ministra que ha ocupado los principales cargos en los tres Poderes de la Unión defendió en ese caso la legitimidad del Senado para impugnar. Aseguró que con el decreto presidencial se estaba violando la facultad para legislar en materia de vías generales de comunicación, además de que el Ejecutivo federal estaba asumiendo funciones que el Congreso otorgó a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Expertos en materia jurídica encuentran el actual escenario muy similar al que defendió la ministra hace 10 años, pues el órgano autónomo que se está viendo vulnerado con el decreto, y que recibió atribuciones del Senado para garantizar la transparencia y el acceso a la información, es el INAI, que encabeza Blanca Lilia Ibarra , el cual se ha lanzado al ruedo con su propia controversia ante la inesperada reacción de la ministra, considerada un ícono del Poder Judicial.
Posdata
Otra reunión con los empresarios. Dos horas y media de anécdotas y solicitudes de una mayor dimensión social y ganancias justas. El Presidente les echó en cara la inflación de 7.37% que se registró en noviembre, la más alta en 21 años. Los multimillonarios del Consejo Mexicano de Negocios le respondieron con un solo dato: los precios de la electricidad subieron 24% en un mes… y eso que no ha pasado la contrarreforma eléctrica.
GMX y seguros de la Línea 12
GMX Seguros, que tiene la póliza del Metro de la Ciudad de México, asegura que 95% de las víctimas y familiares de las personas que fallecieron o resultaron lesionadas tras la tragedia del 3 de mayo han sido indemnizados con montos mayores a las sumas contratadas en el seguro. También señala sobre los siniestros ocurridos en la Subestación Eléctrica de Buen Tono y lo relativo a los daños a la infraestructura del STC Metro en la Línea 12 que continúa trabajando de manera cercana y permanente con las autoridades de este sistema de transporte colectivo Metro.
Ruptura en el IMSS
En el primer círculo del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comenta que ha llegado a su fin el lazo de amistad que en otros tiempos unía a Zoé Robledo y Ulises Morales . No solo eso, sino que hasta le habrían cerrado de tajo las puertas de ingreso a la administración actual, y es que mientras se desempeñaba al frente de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura habría dado especial atención a aquellas empresas con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quería tener ninguna relación.
Las versiones apuntan a que los intereses del exfuncionario tenían poco que ver con aprovechar los recursos para favorecer a los miles de derechohabientes y para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Morales Gómez permaneció en el encargo hasta comienzos de septiembre del año pasado; no obstante, en su historial ya tiene por lo menos una solicitud para que autoridades como la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo ; la Unidad de Inteligencia Financiera, de Pablo Gómez , y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz , le sigan la pista con lupa.
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