El miércoles pasado un grupo de activistas se manifestó frente a las oficinas del laboratorio Gilead Sciences en México para reclamar por los altos costos de sus medicamentos. Esta farmacéutica tiene como principal accionista al fondo de inversión BlackRock, que dirige el magnate Larry Fink , amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador , y a la que el Insabi acaba de adjudicar un contrato por casi 3 mil millones de pesos.
Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo , el que corrió la licitación LA-012M7B997-E151-2022, concluida el pasado 30 de enero para adquirir medicamentos que se irán al organismo que dirige Juan Antonio Ferrer. En el Insabi ya se convencieron de su incapacidad para llevar a cabo compras directamente. Fue prácticamente una adjudicación directa para adquirir el antirretroviral Biktarvy por 2 mil 935 millones de pesos. En la documentación del procedimiento no hay otro participante más que la farmacéutica que dirige a nivel global Daniel O’Day.
Biktarvy es un medicamento que ha generado polémica en el mundo. Tiene un costo que ronda los 10 mil pesos por cada caja de 30 tabletas y es indispensable para los pacientes con VIH. El precio es considerado por los activistas de AIDS Healthcare Foundation –quienes reclamaron frente a las oficinas del laboratorio en México– como un “abuso” que se suma al del medicamento remdesivir, para el tratamiento del Covid-19, con un costo cercano a los 50 mil pesos para las seis dosis que se requieren para atacar el virus.
Si bien es cierto que la investigación farmacéutica es costosa y se requiere un promedio de mil 500 millones de dólares para desarrollar una molécula de uso terapéutico, las prácticas de Gilead Sciences han sido cuestionadas y en México se oponen a la ideología del presidente López Obrador y su gobierno, que se busca un sistema de salud igualitario y de acceso universal.
No es la primera vez en el sexenio que se consiente de esta manera al negocio farmacéutico de BlackRock. El año pasado se le asignaron contratos por 4 mil 100 millones de pesos y AMLO, todavía en pandemia por Covid-19, nunca hizo comentario alguno sobre la inviabilidad o la ética de sus patentes en un contexto de emergencia sanitaria. Su gobierno compró en grandes volúmenes financieros y cantidades, quizá por la gran relación que mantiene el mandatario con el CEO del fondo de inversiones, Larry Fink.
López Obrador se ha reunido hasta en tres ocasiones con el multimillonario y politólogo, sin que hasta el momento haya información clara de lo que se ha acordado en esos encuentros. La última vez que se vieron fue en mayo del año pasado. Fink acudió a Palacio Nacional a visitar a su amigo; luego en octubre mandó a decir, según el presidente, que consideraba que México era de los países que mejor habían manejado la pandemia.
Es la misma relación de amistad y cercanía que mantuvo el dueño de BlackRock con el presidente Enrique Peña Nieto, y más aún con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. De ahí los múltiples intereses que el fondo de inversiones tenía en negocios como gasoductos, energía, infraestructura y en la operación de reclusorios. Ahora Fink acaba de meter el acelerador en el negocio de los medicamentos. En enero pasado anunció el incremento de su participación accionaria en Gilead, de 4% a 10.5%, con lo que se convirtió en el socio mayoritario de la farmacéutica, por arriba del fondo de inversiones The Vanguard Group.
Posdata
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió nombrar a Ariadna Montiel como coordinadora de su movimiento en Chihuahua, para una futura candidatura y campaña presidencial. La jugada suena positiva si se toma en cuenta que suma a sus filas a una secretaria de Estado, pero también de alto riesgo, debido a las sospechas que genera el hecho de que la encargada de los programas del Bienestar esté haciendo proselitismo por una figura política. En el estado aseguran también que entre los morenistas de la región hay descontento porque Montiel desplazó de ese encargo a la diputada Martha Oliva Bonilla.
El pleito Graue-Esquivel y la investigación de la UNAM
A raíz del amparo que solicitó la ministra Yasmín Esquivel para conocer la legalidad del caso y saber cuáles son los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM, el pleito con el rector de la “máxima casa de estudios”, Enrique Graue, no ha hecho más que escalar.
La UNAM respondió en un comunicado que, si bien acatará la suspensión y hará uso de sus recursos legales, lamenta el mandato judicial que busca “silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad".
El tema del plagio de la tesis de licenciatura ha sido por demás mediático, además de que coincide con el relevo, en noviembre de este año, de Enrique Graue, para el que ya hay por lo menos tres candidatos y candidatas. El escándalo también ha sido político, pues integrantes de todos los partidos (Morena, PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural del Senado) han externado sus opiniones. Incluso cercanos a la ministra Esquivel han emitido críticas en su contra.
El haber sido considerada la carta del presidente López Obrador para asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el sentido de sus votos en los temas que interesan al gobierno, han puesto a Esquivel una doble presión; por un lado, la referente al esclarecimiento de si ella plagió o le plagiaron su tesis y por el otro la cargada de la oposición política. En este contexto, se suma el pleito con el rector Graue, quien por haber demorado tanto en la investigación, ahora se le acusa de influir y viciar el proceso.
@MarioMal
