Entre las irregularidades que presentó ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de los recursos públicos de 2020, se vislumbra también que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo una prioridad recuperar los multimillonarios recursos que los organismos oficiales invirtieron en instrumentos bursátiles a través de financieras privadas, un escándalo que precipitó la destitución de Juan Pablo Graf de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la apertura de carpetas de investigación por parte de la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera.
En la Auditoría de Cumplimiento Financiero 330-DE, denominada Gestión Financiera de Liconsa, se expone que la empresa subsidiaria de Segalmex invirtió 850 millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados, “sin observar lo establecido en los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública”.
La novedad es que los recursos, identificados en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2020, fueron recuperados en su totalidad hace apenas unas semanas. Liconsa recibió en sus cuentas bancarias por concepto de reintegración 30 millones de pesos el 23 de septiembre de 2020; otros 155 millones de pesos el 17 de diciembre de 2021; 250 millones más el 12 de enero de 2022, y un día después, el 13 de enero, 420 millones adicionales.
La recuperación de estos montos es un logro directamente atribuible al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien a su llegada estableció como prioridad erradicar un modus operandi que se ha identificado en otras dependencias del sector público, tanto a nivel federal como estatal. Se habla incluso de que a través de financieras privadas como las señaladas, Corafi y Escorfín, se destinaron unos 50 mil millones de pesos de recursos públicos a instrumentos bursátiles. Las empresas y sus funcionarios tienen sendas carpetas de investigación abiertas en la Procuraduría Fiscal, la UIF y la Fiscalía General de la República.
En la CNBV se identificó que para fortalecer este negocio se concedió la aprobación de la Casa de Bolsa Altor, en la que, como ya hemos publicado, participan los exfuncionarios priistas y calderonistas Fernando Aportela, Carlos Montaño y Alejandro Poiré. El apoyo para la aprobación de Altor vino de otros expresidentes de la Comisión, cuyos tentáculos siguen muy presentes en el organismo, pero Graf tampoco hizo nada para frenarla, lo cual ocasionó que el secretario de Hacienda pidiera su cabeza.
Otro de los personajes involucrados en esta problemática fue el exprocurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien recibió la orden del secretario Ramírez de la O para asegurar la recuperación de los recursos que se invirtieron, o mejor dicho se desviaron, desde Liconsa y Segalmex. Las cuentas que entregó el funcionario sobre un programa o plan de restitución no fueron contundentes.
Abonando a las sospechas que Rogelio Ramírez de la O tenía sobre su procurador, la ASF precisa en sus informes de este fin de semana que los pagos de reintegración a Liconsa, atorados durante un periodo de más de un año, se destrabaron apenas dos días después de que Romero fue retirado de su cargo –el 15 de diciembre de 2021–, es decir, en números fríos, su gestión sólo logró recuperar 30 millones de pesos de los 850 millones que se debían.
La historia aún tiene muchos capítulos que revelar, sobre todo cuando la firma Altor y sus accionistas mantienen operaciones y vínculos con importantes funcionarios de la administración del presidente López Obrador, no sólo en el sector financiero, sino también en el de infraestructura.
Becker y la venta de CitiBanamex
A pesar de que hay muchos interesados en el negocio de CitiBanamex, cuyo precio rondará entre 9 mil y 12 mil millones de dólares, en realidad la puja será entre tres: Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González y Carlos Slim Helú.
El primero, dueño de Banco Azteca, está decidido a quedarse con Banamex, pues considera que hace sentido con la escala que ya tiene su negocio enfocado a la base de la pirámide. El segundo, presidente del Grupo Financiero Banorte, sabe que con la compra de CitiBanamex desbancaría a BBVA como el principal banco del país, lo cual es muy atractivo como estrategia de venta ante el presidente López Obrador. Y el tercero, propietario de Banco Inbursa, simplemente no puede quedarse fuera al ser el hombre más rico del país.
En esta ecuación, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, también tiene su equipo y busca incidir en la operación, aunque públicamente tenga que decir lo contrario. A través del exsubsecretario de Hacienda, Martín Werner, y del exsecretario de Hacienda y exgobernador de Banxico, Guillermo Ortiz, el propietario de Banca Mifel busca tener injerencia en la compra-venta. Su cercanía con el gobierno, al ser el representante del sector, le daría puntos de ventaja sobre el resto de los competidores. Ya veremos.
Regulación a plataformas digitales
Como está sucediendo en Europa y Estados Unidos, México tendrá que hacer a un lado la disputa jurisdiccional entre la Cofece, que lleva Brenda Gisela Hernández Ramírez, y el IFT, cuya presidencia dejará este mes Adolfo Cuevas Teja, para revisar lo que sucede en materia de regulación entre las grandes plataformas digitales.
Frente a la inercia a nivel global, el Congreso de la Unión comenzará a ordenar este sector en breve, el cual aporta casi 20% del empleo total en el país. Por esta razón se promoverán regulaciones a empresas como Amazon, de Jeff Bezos; Microsoft, de Satya Nadella; Meta, de Marck Zuckerberg, y Apple, de Tim Cook, a quienes en otros países acusan de ejercer prácticas anticompetitivas.
Los temas que se espera contenga el proyecto de los parlamentarios son evitar que las plataformas discriminen a las Pymes, que dependen de ellas para vender sus productos; prevenir la destrucción del comercio físico, como ya está sucediendo en Estados Unidos; prohibir empaquetamientos artificiales de productos y servicios, y eliminar ventajas exclusivas de las plataformas sobre sus competidores físicos, como las exenciones de impuestos de importación.
Revisan perspectivas para sector del plástico
Todo apunta a que el sector plastiquero del país comenzará una recuperación gradual postpandemia, por lo que podría crecer hasta 4.2% anual hacia 2025. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, celebrará el 24 de febrero el foro ‘Perspectivas de la Industria 2022’ para hablar sobre lo que se espera en materia financiera, política y económica a nivel nacional e internacional en este año.
En el evento virtual que se realizará en conjunto con Braskem Idesa, Iberdrola México, M.Holland, BYK Chemie de México, Citrulsa, Polnac, Polymat, Grupo Quimisor y Nexeo Plastics, participarán Mónica Conde, de la Revista Ambiente Plástico; Terry Glass, de IHS Markit; Luis Carlos Ugalde, de Integralia, y Carlos Scheel, del Tec de Monterrey, entre otros, para hablar sobre las perspectivas y retos ante la llegada de la nueva normalidad.
El sector plastiquero aporta casi 3% del PIB manufacturero y tiene presencia en más de 80% de los sectores productivos como la construcción, automotriz y electrónico. Sin embargo, desde 2020 se ha visto severamente afectado, primero, por las prohibiciones, y después por la pandemia de Covid-19, que le ha generado pérdidas superiores a 25 mil millones de pesos y cerca de 10 mil empleos.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com